El mercado contiene la respiración. En las últimas horas, los bombardeos de EE UU contra objetivos iraníes y el ataque de Israel en Líbano han vuelto a poner de relieve la fragilidad de la tregua. Aun así, los inversores mantienen la esperanza de que, finalmente, se alcance un acuerdo. La volatilidad sigue marcando el pulso, aunque el ánimo ha mejorado de forma notable en los últimos días. Tras varias jornadas en las que el repunte de las expectativas de inflación y de tipos empujó a muchos a deshacer posiciones en deuda y renta variable, se abre paso una cierta calma.En este contexto, el Tesoro español, siempre atento al clima del mercado, aprovecha la mejora del sentimiento para seguir adelante con su programa de financiación. Una vez completadas las emisiones previstas para mayo, el organismo recurre a la venta de deuda sindicada. A diferencia de las subastas tradicionales incluidas en el calendario, estas operaciones se realizan de forma discrecional y cuentan con el apoyo de un grupo de bancos colocadores que se encargan de distribuir directamente los títulos entre los inversores. El importe a colocar se sitúa entre los 12.000 y 13.000 millones de euros, y la confianza en la resiliencia de la economía ha quedado patente desde la apertura de libros. En los primeros compases de la operación, la demanda ya superaba los 78.000 millones de euros, una cifra que ha crecido con rapidez hasta rebasar los 130.000 millones. Este fuerte interés ha tenido un reflejo directo en el precio: la emisión partía de un diferencial de ocho puntos básicos sobre la referencia española a diez años, que pronto se ha estrechado hasta los seis.Con todo, aunque la economía española sigue gozando de una sólida reputación en el exterior, las dudas sobre el impacto de la guerra en la inflación y el crecimiento han moderado el apetito inversor frente a los máximos recientes. En la última emisión sindicada a diez años, el libro de órdenes alcanzó los 144.900 millones de euros, mientras que, un mes después, en la referencia a 30 años, la demanda se situó en 119.000 millones.La crisis de suministro en la que está sumida la economía mundial es ya evidente. Dos meses y medio después del inicio del conflicto en Oriente Próximo, y con las tensiones en rutas clave como el estrecho de Ormuz, los organismos internacionales se han apresurado a revisar sus previsiones. La conclusión es clara: menor crecimiento.Aun así, dentro de este entorno adverso, España mantiene una posición relativamente favorable. El FMI prevé un crecimiento del 2,1% este año —por debajo del 2,8% de 2025—, pero muy por encima del 1,1% estimado para la eurozona. Más optimista se muestra la Comisión Europea, que eleva la previsión al 2,4%, dos décimas por encima del cuadro macro del Gobierno.Pese a esta resistencia, el mercado español no es inmune a la incertidumbre monetaria ni al ruido político. La deuda soberana sigue contando con el favor de los inversores, pero también acusa el impacto de unas expectativas de tipos más elevadas. En las últimas jornadas, el rendimiento del bono español se ha moderado, en línea con otras referencias como la alemana o la estadounidense. Con todo, la rentabilidad se mantiene ligeramente por encima de la de comienzos de año, cuando el mercado anticipaba un ejercicio de transición para el BCE.A la espera de la próxima reunión del banco central, el mercado da prácticamente por descontado un nuevo movimiento de Christine Lagarde. Sin embargo, algunos analistas, como Enguerrand Artaz, estratega de La Financière de l’Échiquier, advierten de que una subida en este contexto podría repetir los errores de 2008 y 2011, cuando el BCE endureció su política en plena desaceleración. A su juicio, nada justifica asumir ese riesgo. Otros expertos van más allá y consideran que, de no haberse producido el repunte inflacionista de 2022, los bancos centrales optarían ahora por una posición más prudente.Al ruido externo se suma la incertidumbre interna. El Gobierno sigue teniendo pendiente la aprobación de los Presupuestos y, en su última revisión, la agencia Fitch ya advertía de las crecientes dificultades para sacarlos adelante. La pérdida de apoyos parlamentarios y el deterioro del clima político han reactivado el riesgo de un adelanto electoral, un escenario que el Ejecutivo descarta y que, por el momento, el mercado no ha incorporado a los precios.