El 31 de mayo, los colombianos votarán en unas elecciones presidenciales que muchos sienten como una encrucijada. Iván Cepeda, el candidato alineado con Petro, promete continuar las negociaciones con los grupos armados. Paloma Valencia, del Centro Democrático de Álvaro Uribe, propone una gobernanza con prioridad en la seguridad. Abelardo de la Espriella, un abogado convertido en outsider político, canaliza una promesa al estilo Bukele: aplastar a los grupos armados con fuerza militar en 90 días. La elección importa. Pero las fuerzas que la moldean no son nuevas, y Colombia ya ha estado aquí antes.El país es un caso atípico en América Latina. Durante dos siglos ha sostenido elecciones regulares, partidos competitivos y alternancia pacífica en el poder; también guerras civiles y violencia política que persisten hasta hoy. Esta coexistencia no es paradójica. Son dos fenómenos conectados a través de una debilidad institucional que reaparece: Colombia sigue confundiendo el acceso al poder o el control coercitivo con la credibilidad institucional. Las elecciones sin reglas ejecutables producen nuevos objetivos. Las campañas militares sin gobernanza territorial producen nuevos vacíos. Los acuerdos de paz sin verificación producen nuevas oportunidades de depredación. Ninguno de los tres candidatos parece dispuesto a confrontar este patrón.La trampaColombia introdujo el sufragio universal masculino en 1853 (una de las extensiones del voto más tempranas del mundo), y la violencia disminuyó temporalmente. En menos de una década, las élites locales revirtieron la reforma. Siguieron varias guerras civiles. Lo que finalmente trajo la paz no fue el voto, sino un mecanismo creíble de reparto del poder: el sistema de “voto incompleto” de 1905, que garantizaba al partido minoritario un tercio de los escaños en el Congreso. Colombia disfrutó entonces de casi cinco décadas sin guerra civil. Pero una vez que el equilibrio de fuerzas políticas hizo insostenibles los términos del acuerdo, la violencia partidista volvió a estallar. La lección es consistente: las reformas democráticas reducen la violencia cuando están respaldadas por arreglos institucionales que restringen de manera creíble el uso de la fuerza. Cuando están ausentes, las reformas pueden empeorar las cosas.Esto es exactamente lo que ocurrió a finales del siglo XX. En la década de 1980, Colombia abrió su sistema político: los alcaldes y gobernadores pasaron a ser elegidos por voto popular, lo que permitió a los partidos de izquierda, las minorías étnicas y los movimientos campesinos disputar el poder local. El objetivo era canalizar el conflicto político hacia las elecciones. El resultado, en muchos municipios, fue el contrario. Donde los retadores ganaron, la violencia paramilitar se disparó como estrategia de las élites tradicionales para impedir que los recién llegados consolidaran el poder. El caso más devastador fue el genocidio de miles de miembros del partido de izquierda Unión Patriótica a finales de los ochenta. La apertura política no fue el error. Lo fue implementarla sin las protecciones institucionales.La recurrencia contemporáneaEsa debilidad institucional cambió de forma. Hoy, no la explotan las élites políticas, sino los grupos armados, que han aprendido a convertir las iniciativas de paz del Estado en instrumentos de consolidación territorial.La pieza central de la Presidencia de Petro fue la paz total: negociaciones simultáneas con una decena de varios grupos armados con la premisa de que un enfoque integral podría tener éxito donde los esfuerzos parciales habían fracasado. La evidencia que he encontrado en investigaciones recientes muestra que ha reproducido el patrón de una reforma bien intencionada, implementada sin capacidad de cumplimiento creíble, que los actores armados explotaron para avanzar en sus propios intereses.Los ceses al fuego simultáneos de 2023 generaron dinámicas opuestas. Se redujeron las formas de violencia más visibles, como homicidios, masacres, enfrentamientos armados, pues tenían un costo político en las mesas. Las formas menos visibles crecieron, como ocurrió con la extorsión, el reclutamiento forzado de menores, las amenazas contra civiles y los retenes ilegales. Con ello, la gobernanza criminal —el aparato mediante el cual los grupos ilegales regulan la vida cotidiana en los territorios que controlan— se expandió y se debilitó la capacidad de cumplimiento del Estado, ya que las fuerzas de seguridad estaban explícitamente limitadas. Sin protocolos claros, mecanismos de verificación creíbles ni un marco legal para negociar con las organizaciones criminales, la paz total dio a los grupos armados espacio para expandir su control coercitivo sobre millones de civiles.Así como la apertura política de 1986 fracasó porque el Estado no pudo proteger a los recién incluidos, en la paz total una negociación que puede ser acertada (¿quién se opondría al sueño de la paz total?) fracasó porque el Estado no pudo hacer cumplir los acuerdos. En ambos casos, llenaron el vacío los actores con más por ganar de esa debilidad institucional —paramilitares entonces, organizaciones criminales ahora. El asesinato del senador Miguel Uribe Turbay fue el primero de un aspirante presidencial en Colombia en tres décadas. Es un recordatorio de que la intersección entre elecciones y violencia sigue siendo letal, y que el déficit institucional subyacente sigue sin resolverse.Lo que los candidatos presidenciales no entiendenCada candidato tiene una apuesta diferente sobre cómo romper el ciclo y ninguna aborda el núcleo institucional.Cepeda apuesta por la negociación. Cuando los ceses al fuego están bien diseñados y son políticamente sostenidos, sus dividendos son reales: el unilateral de las FARC de 2014 salvó cientos de vidas por año y desencadenó una genuina recuperación económica. Pero esas ganancias se evaporaron cuando el entorno político cambió bajo la administración Duque: la violencia regresó, las empresas cerraron, los excombatientes fueron asesinados. Lo que falta en la propuesta del senador de izquierda es precisamente lo que hizo fracasar la paz total: protocolos de verificación ejecutables, protección territorial para las comunidades, sanciones creíbles para quienes violen los términos. Sin esto, continuar las negociaciones significa aceptar menos violencia visible y más invisible, más depredación, grupos armados más fuertes. Un cese al fuego sin monitoreo no es un instrumento de paz. Es un subsidio a la gobernanza criminal.Valencia apuesta por el orden institucional. Hay algo de razón en esto. La historia de Colombia sugiere que la paz solo ha sido duradera cuando está respaldada por garantías creíbles de que las reglas se aplican independientemente de quién esté en el poder. Pero falta la otra mitad de la ecuación institucional: la construcción estatal en las zonas rurales, alternativas económicas viables a la coca y la minería ilegal, mecanismos de rendición de cuentas civiles para las fuerzas de seguridad. Una y otra vez, tras las campañas militares, los grupos ilegales se han reorganizado en lugar de disolverse. Los paramilitares se desmovilizaron a mediados de los 2000; en pocos años, organizaciones sucesoras ocuparon los mismos territorios y las mismas economías ilícitas. La seguridad sin presencia estatal territorial compra tiempo, no compra paz.De la Espriella apuesta por la fuerza abrumadora. El atractivo es comprensible en un país donde los grupos armados han explotado cada negociación para reagruparse. Pero la fuerza sin cambio institucional tampoco elimina a los grupos armados; los reorganiza. La desmovilización de las FARC en 2016 fue seguida por el rápido crecimiento de facciones disidentes que ahora controlan gran parte del territorio que esa guerrilla dejó vacante. Falta todo lo que debe seguir a una operación militar para que produzca resultados duraderos: gobernanza posoperacional, justicia transicional, prestación de servicios territoriales. Una campaña de 90 días no puede reparar lo que dos siglos de debilidad institucional han producido. Puede, sin embargo, generar una escalada violenta —incluso contra civiles— que crea nuevos agravios y nuevos reclutas para la próxima generación de grupos armados.Lo que realmente importaríaEl problema de Colombia no es negociación versus seguridad, es la ausencia de instituciones creíbles que las hagan duraderas. La pregunta más profunda que plantea esta elección es si alguno de los candidatos puede abordar los déficits institucionales que han hecho tan elusivas la paz y la seguridad.Se necesitan tres cosas. Mecanismos de reparto del poder que lo asignen a través de procedimientos en lugar de acuerdos entre actores específicos. Capacidad de cumplimiento que llegue a las regiones en las que se concentra la violencia, con presencia militar, tribunales en funcionamiento, administración civil y servicios públicos básicos. Y un compromiso político sostenido con los procesos de paz, porque las comunidades que se benefician de los ceses al fuego son las primeras en sufrir cuando el próximo gobierno los abandona.Ninguna de estas condiciones se cumple plenamente hoy. El proceso de paz con las FARC sigue siendo de escasa implementación casi una década después de su firma. Los grupos armados controlan territorios significativos y se han fortalecido.La tragedia de Colombia no es que le falte ambición democrática; ha estado a la vanguardia de la reforma democrática en América Latina desde el siglo XIX. La tragedia es que sus reformas han sido repetidamente socavadas por las debilidades institucionales que pretendían abordar. Quien gane el 31 de mayo enfrentará la misma trampa. Escapar de ella requiere más que la política correcta. Requiere construir las garantías creíbles de las que Colombia ha carecido durante toda su historia como república —un proyecto mucho más difícil, y mucho más importante, de lo que ninguna elección por sí sola puede resolver.