Reducir el número de alumnos por aula, una de las principales demandas del profesorado, costará más de 5.000 millones de euros al año y, sin embargo, tendrá un impacto “limitado” en el aprendizaje de los estudiantes, según un estudio de EsadeEPol. Esta conclusión contraviene la demanda prácticamente unánime del profesorado y que ha llevado a la Administración a elaborar una nueva normativa.El Gobierno ha elaborado un anteproyecto de ley que está en trámite parlamentario que propone pasar gradualmente de 25 alumnos por clase en primaria a 22 y de 30 en la ESO a 25, contemplando que cada alumno con necesidades educativas especiales (sea por discapacidad o pobreza) cuente el doble. Hay una excepción en áreas muy tensionadas que pueden superar el ratio en un 10%.La reducción de ratios prevista implicará un coste de 5.169 millones anuales en 2031, cuando esté completamente desplegadaLa medida se desplegará progresivamente hasta 2031. En este periodo se prevé una aceleración en la ya significativa caída demográfica. Por lo tanto se produce una gran paradoja: mientras las clases pierden alumnos, aumentan los profesores. El estudio de EsadeEcPol sobre ratios escolares cuestiona la eficacia de la rebaja de ratios y concluye que una regulación general es muy costosa y de efectividad limitada. Añade que las administraciones podrían aprovechar los tiempos de menor natalidad en diseñar políticas educativas más adecuadas a reforzar los puntos flojos del sistema. “En promedio, cuando la demografía cae, contratar más profesores no tiene sentido, es muy caro y poco efectivo, excepto para aquellas escuelas con alumnos más vulnerables”, explica Lucas Gortázar, autor, junto a al profesor de la Universidad de Estocolmo, José Montalbán, del informe sobre impacto económico de la nueva ley de ratios escolares.Cinco alumnos menos por clase se asocia a una mejora del 1,25% en el rendimiento, un efecto estadísticamente irrelevanteSegún este estudio, la reducción de ratios prevista implicará un coste de adaptación de 6.549 millones, entre las construcciones de aulas nuevas y la contratación de más profesores. A ello hay que rebajar la caída demográfica, menos niños en las escuelas, lo que supone 1.380 millones. El coste neto final es de 5.169 millones. Gortázar explica que es un coste elevado que beneficia más a aulas en zonas urbanas, muchas de las cuales están formadas por alumnos de perfiles socioeconómicos más altos.En Catalunya, una de las autonomías más afectadas junto a Madrid y Andalucía, el coste será de 1.177 millones de euros anuales cuando la medida esté en pleno vigor. Esto significa un 22% más del presupuesto educativo actual. Catalunya cuenta con una elevada cifra de alumnos, ratios por encima de los que establece la medida y una proporción elevada de alumnos con necesidades especiales (que cuentan el doble).Los autores señalan que el propio Ministerio de educación subraya en el la exposición del anteproyecto que no existen evidencias disponibles sobre el impacto directo de esta medida en los resultados de aprendizaje pero “reducir la carga laboral del profesorado tienen un efecto positivo en su bienestar y satisfacción personal”. En el informe se cita un estudio de Montalbán, uno de los investigadores de EsadeEcPol, en el que se expresa que la rebaja de ratios afecta de una manera poco significativa al aprendizaje de los alumnos o a la tasa de repetición. Cinco alumnos menos por clase se asocia a una mejora del 1,25% en el rendimiento, un efecto estadísticamente irrelevante. Incide eso sí, en la satisfacción de los profesores con su trabajo, en la reducción de alumnos disruptivos en el aula, y en el bienestar de las familias que gastan menos en clases particulares.El estudio aplaude que un alumno con discapacidad o en situación de pobreza equivalga a dosLos beneficios de la bajada de ratios son mayores en centros con mayor número de alumnos con necesidades educativas especiales, donde ya suelen darse. El estudio reconoce que la computación de un alumno con discapacidad o en situación de pobreza equivale a dos es una de las piezas más justificadas del anteproyecto porque estos estudiantes requieren una atención más personalizada.En todo caso, asume que la codocencia o los apoyos puntuales en clase podrían evitar el desdoble de aulas, ahorrándose en costes de construcción y docentes.El informe invita a invertir donde es más necesario. Gortázar propone “atraer a los mejores profesores a estos centros y retribuirles mejor, desdoblar clases en momentos puntuales, tutorías intensivas o clases de refuerzo”. También establecer un MIR educativo que forme en los centros a los docentes que acaban de graduarse.“Tendríamos que aprovechar la ventana demográfica que se abre estos próximos años como palanca para invertir donde la evidencia señala que el retorno educativo es mayor, es decir, en el alumnado de menor nivel socioeconómico”, concluye.El anteproyecto de ley, que ha pasado la aprobación del Consejo Escolar del Estado y ha sido presentado a la Conferencia Sectorial de Educación, cuenta con una memoria económica que no detalla su coste. Este será asumido por los gobiernos autonómicos. Próximamente será votado en el Congreso de los Diputados.Periodista. Ha trabajado en las secciones de Política, Economía, Opinión y Cultura de La Vanguardia. Desde hace unos años cubre informaciones de Educación y Universidades en Sociedad