Una clase con pocos alumnos es mucho mejor para el aprendizaje, ¿no? Es algo que parece de pura lógica: con pocos estudiantes, los docentes tienen más tiempo que dedicar a cada uno y consiguen mejores resultados. Sin embargo, hay veces que la ciencia demuestra que la intuición nos falla. Reducir la ratio de alumnos por clase genera poca o ninguna ventaja educativa, pero sí tiene un alto coste para el erario público. Un estudio de EsadeEcPol pone cifras a cómo el plan del Gobierno para bajar el tope de alumnos por clase terminará siendo un desperdicio de recursos públicos. En concreto, el plan del Ministerio de Educación reducirá de 30 a 25 el número máximo de alumnos por aula en la ESO y de 25 a 22 en primaria. Esto obligará a contratar profesores y a ampliar el número de aulas disponibles para los centros que superan este nuevo límite. Esto exigiría un importante esfuerzo presupuestario para unas arcas públicas ya muy exigidas por otros planes de gasto (pensiones, defensa, transición ecológica...) y que, además, siguen ignorando algunas áreas que son prioritarias para la población, como la vivienda o la natalidad. Según los cálculos de los investigadores Lucas Gortazar y José Montalván, el coste será de 2.800 millones de euros anuales durante la próxima década. Los autores señalan que España ya reduciría las ratios de alumno en las próximas décadas debido a que la caída de la natalidad está reduciendo el número de alumnos. De hecho, cuantifican este ahorro: España lograría reducir el gasto en Educación en 1.500 millones de euros anuales en este periodo por el descenso del número de alumnos. Sin embargo, este ahorro no será posible, porque la reducción de las ratios también se comerá este ahorro. De esta forma, la suma del mayor gasto público y del ahorro perdido eleva el coste de esta política hasta 4.300 millones al año. Este perfil de gasto no es lineal, sino que es más alto en los primeros años y se reduce hacia mediados de la próxima década por la caída del alumnado. El pico se alcanzará en 2031 con un gasto adicional de unos 6.500 millones de euros en un solo año (incluyendo el ahorro perdido). Sirva como comparativa el hecho de que esta cifra es muy similar a todo el gasto que hace España en vivienda y urbanismo. Un presupuesto muy alto para una política que genera muchas dudas entre los expertos. La evidencia científica "La evidencia académica más completa y reciente indica que reducir la ratio no tiene efectos significativos agregados sobre el aprendizaje del alumnado, la tasa de repetición o el bienestar con la escuela y los compañeros de clase", escriben Gortazar y Montalván. Una investigación realizada en la Comunidad de Madrid para aulas de 20 a 30 estudiantes demuestra que el tamaño no afecta a la calidad de la enseñanza. Y tampoco ayuda a reducir los suspensos, ni mejora el bienestar del alumnado. Esto no significa que el tamaño de la clase sea indiferente. En aulas muy grandes, la calidad de la enseñanza sí se deteriora. Pero en el caso de España, con ratios que ya están por debajo de 30 alumnos, el beneficio de reducciones adicionales es mínimo, cuando no es nulo. Los investigadores señalan que aulas pequeñas pueden llevar a los alumnos a rebajar su esfuerzo, o a las familias a confiar demasiado y no hacer esfuerzos adicionales por mejorar la formación de sus hijos. La evidencia científica muestra que quienes realmente se ven beneficiados por esta política son los profesores. En este caso, sí que están documentadas mejoras en la satisfacción de los docentes si tienen menos alumnos a su cargo. Esto explica que sea una demanda recurrente de los sindicatos, que disfrazan esta reivindicación haciéndola pasar por el interés de los alumnos. Sin embargo, los estudios han encontrado que la mejora para los profesores tampoco justifica el alto coste que tiene esta medida. De hecho, subidas salariales podrían tener mayor incidencia en el bienestar de los docentes sin generar un coste tan elevado para las arcas públicas. Los autores no piden renunciar a este impulso de la educación pública, sino buscar las políticas que vayan a ser más eficientes. Por ejemplo, recomiendan reducir las ratios en los colegios e institutos "de alta complejidad", donde "la evidencia sugiere efectos algo mayores". Pero también aconsejan priorizar otras políticas de gasto. Por ejemplo, las tutorías intensivas al alumnado más vulnerable obtienen mejores resultados por ofrecer un servicio personalizado a cada alumno. También piden un "MIR educativo" para mejorar la formación de los profesores al inicio de su vida laboral, e incluso ofrecer complementos salariales a los profesores que elijan los centros de "alta complejidad" por tener más alumnos con necesidades especiales o de mayor riesgo educativo. Los autores subrayan que "los indicadores de calidad y equidad del sistema educativo español se han deteriorado en los últimos años". De ahí la urgencia de utilizar bien los recursos públicos. Un sistema basado en las mejores prácticas analizadas científicamente tendría un menor coste para las arcas públicas. Eso sí, exigiría a las administraciones mayor planificación y conocimiento de la realidad que se vive en las aulas. Es mucho más sencillo poner el presupuesto público para contratar a más profesores que crear planes específicos. Una clase con pocos alumnos es mucho mejor para el aprendizaje, ¿no? Es algo que parece de pura lógica: con pocos estudiantes, los docentes tienen más tiempo que dedicar a cada uno y consiguen mejores resultados. Sin embargo, hay veces que la ciencia demuestra que la intuición nos falla. Reducir la ratio de alumnos por clase genera poca o ninguna ventaja educativa, pero sí tiene un alto coste para el erario público.