Actualizado Lunes,
junio
00:32El Ministerio de Educaci�n aprob� en noviembre de 2025 el anteproyecto que rebaja el m�ximo de alumnos por aula de 25 a 22 en Primaria y de 30 a 25 en ESO. La memoria econ�mica del Gobierno sostiene que la reforma �no tendr�a por qu� suponer un incremento de costes� porque la ca�da de la natalidad que Espa�a lleva lustros experimentando, se traducir� en una ca�da de la poblaci�n en edad escolar que ser� suficiente como para ajustar por si sola la ratio de alumnos por clase a la baja. Sin embargo, un nuevo an�lisis de EsadeEcPol, firmado por los investigadores Lucas Gortazar y Jos� Montalb�n, pone cifras a esa promesa y concluye que el "dividendo demogr�fico" asociado a la ca�da de la natalidad ser� insuficiente para financiar la medida.La premisa de la que parte el ministerio de educaci�n es totalmente cierta, Espa�a pierde alumnado a un ritmo acelerado desde hace a�os. Concretamente, las proyecciones del INE de 2024 anticipan una ca�da del 12,6 % en la cohorte de Primaria y del 19,1 % en la de ESO entre 2026 y 2036. Ese descenso liberar� recursos del sistema educativo, el llamado "dividendo demogr�fico", por valor acumulado de 14.741 millones en la pr�xima d�cada. La cuesti�n es si ese ahorro basta para pagar la reforma o si, por el contrario, el Estado deber� poner dinero adicional sobre la mesa si quiere lograr la ca�da del n�mero de alumnos por clase que la reforma ambiciona.El informe cifra el coste real acumulado de la reforma entre 2027 y 2036 en 42.926 millones de euros, una vez sumado el gasto recurrente en profesorado, el doble c�mputo del alumnado con necesidades educativas especiales y la inversi�n en aulas nuevas. Tras descontar el dividendo demogr�fico, que ser� creciente en el tiempo hasta finales de la d�cada de 2036, quedan 28.184 millones que las administraciones tendr�n que a�adir a sus presupuestos para alcanzar los objetivos de la reforma. En el a�o pico, 2031, ese esfuerzo equivaldr� al 13,8 % del gasto p�blico nacional en Primaria y ESO.El anteproyecto del ministerio fija topes de 22 alumnos por clase en Primaria y 25 en la ESO, pero la combinaci�n de dos cl�usulas adicionales, el margen del 10 % por causas excepcionales que ya contempla la LOE y el doble c�mputo del alumnado con necesidades educativas especiales, eleva el umbral real al que tendr�n que ajustarse las aulas. La media nacional se sit�a en 23,2 alumnos en Primaria y 26,6 en ESO, lejos del objetivo nominal que el Gobierno ha vendido p�blicamente.Bajo esas condiciones, EsadeEcPol estima que har�n falta 69.300 aulas adicionales y 103.000 docentes m�s en pleno r�gimen. El coste real, sumando profesorado e infraestructura, sigue una trayectoria escalonada hasta alcanzar los 6.549 millones de euros al a�o en 2031, a�o en que la reforma estar� plenamente desplegada de acuerdo con el plan del gobierno. La cifra equivale al 17,5 % del gasto p�blico en Primaria y ESO de ese a�o, que lo permite dimensionar el enorme peso sobre el gasto educativo que tendr�a la reforma y que, previsiblemente, restar�a recursos a cualquier otra iniciativa. A partir de ah� desaparece el coste de obra y el gasto se estabiliza en torno a los 4.900 millones anuales recurrentes.El argumento de que la demograf�a pagar� la reforma se sostiene mal cuando se mira al a�o en que la medida est� plenamente vigente. En 2031, el dividendo demogr�fico apenas cubre el 21 % del coste real, ya que aporta 1.380 millones frente a los 6.549 millones que cuesta ejecutar la reforma, dejando un esfuerzo neto de 5.169 millones a cargo de las administraciones educativas. El cruce de ambas l�neas no se produce dentro del horizonte de la pr�xima d�cada, aunque la brecha s� se va estrechando a partir de 2032. En �ltima instancia, esto supone que la reforma plantea emplear todo el exceso de gasto p�blico en educaci�n fruto de la ca�da de la natalidad �nica y exclusivamente en reducir el tama�o de las clases, una medida que, como veremos, dista mucho de ser la mejor alternativa en t�rminos de coste-eficiencia.El esfuerzo fiscal que requerir�a la reforma no se reparte de forma homog�nea. Solo tres comunidades aut�nomas, Andaluc�a, Catalu�a y Madrid, absorben el 63 % del coste nacional, y si se suma la Comunidad Valenciana superan el 72 %. Andaluc�a y Catalu�a soportan una carga superior a su peso demogr�fico, porque combinan varios factores clave, como un mayor volumen de alumnado, ratios medias por encima del umbral y una prevalencia relativamente alta de alumnos con necesidades especiales. Las regiones m�s peque�as y con un mayor componente de ruralidad, como La Rioja, Castilla y Le�n y otras regiones del norte, suman una parte menor del coste de la reforma, y sirven de ejemplo adelantado de las consecuencias del invierno demogr�fico sobre las aulas.M�s llamativo todav�a es lo que ocurre al desagregar el coste por nivel socioecon�mico del alumnado. La reforma destinar� m�s recursos a los centros con perfiles socioecon�micos m�s altos, no a los m�s vulnerables. El cuartil m�s alto concentrar� el 31,2 % del coste total, frente al 21,9 % del m�s bajo. La raz�n es intuitiva, las aulas que rebasan el nuevo tope se concentran en zonas urbanas de mayor demanda, donde los centros tienen ratios m�s altas y, por tanto, son los que m�s desdobles necesitan.El propio anteproyecto reconoce en su exposici�n de motivos que "los mayores beneficios educativos de las reducciones de ratios se observan" en centros de alta complejidad social. Sin embargo, el dise�o universal de la reforma produce el efecto contrario, el grueso del esfuerzo presupuestario se dirige a centros donde el impacto esperable es menor. El meta-an�lisis de Opatrny y otros (2025), que revisa 66 estudios causales, concluye que reducir la ratio no tiene efectos significativos agregados sobre el aprendizaje. Los efectos sobre el bienestar docente son reales pero modestos, y solo equivalen a una subida salarial del 6 %, cuando el mismo presupuesto asociado a la reforma permitir�a una subida cercana al 21 %.Espa�a tiene ante s� una ventana de oportunidad que no se repetir� en d�cadas. El desplome de la natalidad va a liberar miles de millones del presupuesto educativo con independencia de lo que decida el Gobierno, y la elecci�n que ahora se toma es c�mo emplearlos. Destinarlos �ntegramente a reducir el tama�o de las clases de forma generalizada es una apuesta cara, de eficacia cuestionada por la evidencia internacional y que, adem�s, favorece desproporcionadamente a los centros donde menos falta hace. Los mismos recursos permitir�an financiar tutor�as intensivas para el alumnado m�s rezagado, complementos salariales que atraigan a los mejores docentes hacia los centros m�s dif�ciles, o un MIR educativo que eleve la formaci�n desde el primer d�a en el aula. Todas esas medidas cuentan con un respaldo emp�rico mucho m�s s�lido. La reforma de ratios no tiene por qu� descartarse, pero aplicarla de forma universal y a este coste significa elegir la pol�tica m�s visible sobre la pol�tica m�s eficaz. El dividendo demogr�fico es un legado irrepetible, malgastarlo ser�a un lujo que el sistema educativo espa�ol no puede permitirse.






