La bajada general de las ratios de alumnos por aula diseñada por el Gobierno beneficiará de forma desproporcionada a los centros educativos públicos y, sobre todo, concertados donde estudia el alumnado con mayor nivel socioeconómico y cultural, según un informe de EsadeEcPol publicado este martes. Los centros educativos que matriculan al 25% de chavales de clase social más acomodada absorberán el 31,2% de los fondos que costará la medida, mientras que aquellos que acogen al 25% más vulnerable recibirán el 21,9%. El motivo es que, al aplicar una bajada lineal, los colegios e institutos más beneficiados son aquellos que ahora tienen las clases más llenas, que, a su vez, se concentran en las zonas urbanas con perfiles económicos más altos. La reforma, que se está tramitando en el Congreso, prevé fijar el número máximo de alumnos por aula en 22 en Primaria (tres menos que ahora) y en 25 en la ESO (cinco menos que en la actualidad). La enseñanza concertada tiene un número medio de alumnos por clase mayor que la pública. Según los datos oficiales, es de 23,2 en Primaria (frente a 19,9 de la pública) y de 26,3 en la ESO (24,1 en la pública). Y solo por eso ya resultará especialmente beneficiada con el nuevo sistema, al tener, proporcionalmente, más aulas que desdoblar. El perfil socioeconómico y cultural de las familias a las que pertenece su alumnado (que es el factor que más influye en el rendimiento educativo) es, por otro lado, claramente más alto que el de los centros públicos, según datos del Informe PISA, la evaluación internacional organizada por la OCDE; Save the Children mostró en un estudio de 2024 que España es el país desarrollado donde más acusada es la segregación social entre ambos tipos de redes escolares.La bajada de ratios, que el proyecto de ley prevé que se aplique de forma progresiva hasta completarse en 2031, requerirá destinar, al menos, 28.180 millones de euros en 10 años para contratar profesorado y hacer obras en los centros, según la investigación, lo que la convierte en una de las normas de política educativa más relevantes de las últimas décadas. El coste real de la bajada de ratios diseñada por el Gobierno es mayor, de 42.920 millones en 10 años, señalan los autores del estudio de Esade, Lucas Gortazar y José Montalbán. Pero se verá aminorado en 14.740 millones de euros en una década por el efecto demográfico. Los cálculos del nuevo informe solo incluyen, además, las etapas de Primaria y ESO, que son las que se detallan en el proyecto de ley. Pero este también prevé que, en el plazo de seis meses desde que se apruebe la ley, el Gobierno fije por decreto una bajada adicional de ratios en el segundo ciclo de Infantil y en Bachillerato, lo que encarecerá la factura. Para realizar la estimación, el estudio de Esade utiliza, entre otros, datos del Ministerio de Educación, el INE, y las evaluaciones internacionales del Informe PISA, TIMSS y PIRLS. El proyecto de ley también contempla que los estudiantes con necesidades educativas especiales, como los que tienen una discapacidad o trastorno del espectro autista, pasen a computar doble a efectos de calcular la ratio, lo que el informe sí considera justificado.EsadeEcPol presentó en marzo otro estudio, basado en cientos de miles de datos de estudiantes, docentes y directores, que concluía que una bajada de ratios como la planteada ahora en España no implica una mejora significativa del aprendizaje (aunque sí incrementa, de forma moderada, el bienestar del profesorado y las familias). Un resultado que coincide con un metaanálisis de estudios internacionales publicado en 2025. La nueva objeción que plantean los autores, Lucas Gortazar y José Montalbán, tiene el agravante de que, según la evidencia, el alumnado que más se beneficia de trabajar en grupos pequeños es justamente el más desfavorecido socialmente. Mientras que de una bajada de ratios como la prevista apenas cabe esperar resultados en colegios, concertados o públicos, de los barrios acomodados de las grandes ciudades españolas. El proyecto de ley de bajada de ratios y horario lectivo del profesorado, que el Ministerio de Educación negoció con los sindicatos, contempla, en una disposición adicional, la posibilidad de reducir más el número de alumnos en los centros de máxima complejidad social. Pero, indican Gortazar y Montalbán, “queda como mera previsión, sin calendario ni asignación presupuestaria, mientras el máximo universal sí es de obligado cumplimiento”.AlternativasLos autores plantean como alternativa a la bajada general de ratios, focalizar el descenso en los centros que matriculan al alumnado más desfavorecido. Y redirigir el resto de fondos a medidas de las que existen evidencias más robustas de mejora del aprendizaje. Como las “tutorías intensivas” (en grupos de dos o tres chavales) concentradas en el 25% de estudiantes más vulnerables, la introducción de complementos salariales para el profesorado destinado a centros socioeconómicamente complejos (para evitar que, como sucede ahora, la temporalidad de los docentes sea especialmente alta en ellos) o la ampliación de programas de refuerzo que ya existen como el PROA+. Por comparar, las tutorías intensivas para el alumnado perteneciente al cuartil más desfavorecido y la implantación del llamado MIR docente (un sistema de acompañamiento del nuevo profesorado por parte de docentes expertos, inspirado en la residencia que hacen los médicos) costarían juntos, en una década, lo mismo que la rebaja de las ratios previstas, apuntan los autores.El estudio destaca que, según la memoria económica del anteproyecto de ley de bajada de ratios, la medida “no tendría por qué suponer un incremento de costes”, debido a que existen alternativas “que no exigen necesariamente un desdoble físico” de las aulas, como “la codocencia” (dos profesores juntos en clase) y a la reducción de la población escolar por la caída de la natalidad. “Sin embargo”, apunta el informe de Esade, la memoria económica “no proporciona una cuantificación cuantitativa de sus costes”.Los autores prevén, en cambio, que, en el año pico de gasto público por la bajada de ratios, previsto para 2031, el coste real de la medida ascenderá a 6.549 millones de euros. De ellos, 4.883 millones corresponderían a la contratación de docentes y 1.666 a las infraestructuras, calculando que, de las nuevas aulas necesarias para los desdobles, el 65% se conseguiría aprovechando espacios ya existentes, y un 35% deberían construirse (y estiman su coste utilizando la mediana de licitaciones adjudicadas entre 2022 y 2024). El ahorro procedente del descenso de alumnado (que actuaría, en paralelo, liberando aulas y docentes) sería de 1.380 millones, por lo que el coste presupuestario neto en ese año 2031 ascendería a 5.169 millones de euros. A partir de entonces, apuntan, el esfuerzo presupuestario se reduciría, porque ya estarían construidas todas las nuevas clases necesarias y el efecto de la bajada demográfica seguiría actuando. El profesorado necesario para aplicar la medida (en un cálculo que incluye tanto el que no se reduciría para adaptar las plantillas a la caída de la natalidad como el de nueva contratación) suma, según Esade, 103.000 docentes adicionales.