La futura reducción de alumnos por aula impulsada por el Ministerio de Educación supondrá un coste presupuestario de al menos 2.818 millones de euros al año para contratar a nuevos profesores y habilitar espacios, y apenas tendrá efectos significativos sobre el aprendizaje del alumnado. Es la principal conclusión de un informe publicado este martes por EsadeEcPol, que pone en cuestión la efectividad de esta reforma educativa del Gobierno que, según sus cálculos, tendrá un mayor impacto en centros con alumnado de mayor nivel socioeconómico. La norma del Ejecutivo prevé disminuir la ratio máxima de 25 a 22 alumnos en Primaria y de 30 a 25 en la ESO, y establece que cada estudiante con necesidades educativas especiales (NEE) compute como dos plazas en las aulas ordinarias. El departamento que dirige Milagros Tolón defiende esta reforma para uniformar los mínimos en todo el país reduciendo desigualdades entre comunidades autónomas. La ministra destacó el anteproyecto como una vía para mejorar las condiciones de los docentes, pero el informe pone en duda que esta sea la mejor opción. En total, este think tank vinculado a ESADE calcula que el coste presupuestario neto de la medida medio será de al menos 28.184 millones entre 2027 y 2036. El pico llegará en 2031, cuando la reforma esté plenamente desplegada y obligue a las administraciones a asumir un gasto adicional de 5.169 millones de euros en un solo año. Según la investigación, con ese mismo dinero podrían financiarse subidas salariales docentes cercanas al 21%, mientras que el bienestar equivalente que genera la bajada de ratios sería comparable solo a una subida del 6%.El Gobierno aseguró que la norma no iba a tener impacto económico, pues defiende que la reducción de ratios se financiará parcialmente mediante el llamado "dividendo demográfico", es decir, el ahorro derivado de la caída de la natalidad que se espera en los próximos años, con su consecuente bajada de alumnos en las aulas. No obstante, los autores del estudio concluyen que ese ahorro no será suficiente para absorber el impacto económico de la reforma durante la próxima década."Nosotros hemos hecho el cálculo en base a todo tipo de parámetros, en ratios actuales, en dispersión de ratios por comunidad autónoma, diferencias por etapa, predicciones demográficas del INE... Además, hemos sido muy conservadores en todos los cálculos para que el dato de coste de la reforma no se inflara", explica a 20minutos Lucas Gortázar, uno de los autores del informe. El informe desmonta, así, la idea de que la reducción de ratios podrá financiarse prácticamente sola gracias a la caída demográfica. Para ello distingue entre tres conceptos: el "coste real", que incluye todo el gasto necesario para abrir nuevas aulas, contratar docentes y adaptar infraestructuras; el "dividendo demográfico", que es el ahorro que se produciría de manera natural porque cada vez habrá menos alumnos; y el "coste presupuestario neto", que es la diferencia entre ambos y representa el dinero adicional que tendrán que aportar las administraciones educativas. Gortázar también pone en duda uno de los mecanismos planteados por el ministerio para contener el gasto: la codocencia. "El ministerio dice que la va a haber codocencia y que va a ser una manera de bajar la ratio sin tener que recurrir a construir aulas. Pero lo que nosotros vemos es que la codocencia no es obligatoria y tampoco explican de qué manera se concreta eso", señala. Además, y según el documento, paradójicamente, el grueso del esfuerzo presupuestario se dirige a los centros con alumnado de mayor nivel económico, ya que las aulas más saturadas se concentran sobre todo en zonas urbanas y de alta demanda. "Y son precisamente los que menos necesitan esta medida", asegura Gortázar.De ese cálculo sale el dato principal del estudio, que estima que el coste real medio anual de la reforma durante la primera década sería de 4.293 millones de euros, a lo que habría que restarle lo que el dividendo demográfico cubrirá de media, unos 1.474 millones al año, lo que dejaría un coste presupuestario neto de 2.818 millones anuales que deberán asumir las comunidades autónomas y el Estado. En términos acumulados, el esfuerzo total entre 2027 y 2036 ascenderá a 42.926 millones de euros, de los cuales 28.184 millones corresponderán a gasto nuevo real.El estudio detecta, además, una gran concentración territorial. Andalucía, Cataluña y Madrid absorberán el 63% del coste total debido a su peso demográfico y a que son las regiones con ratios más altas y con más alumnado con necesidades educativas especiales. Si se añade la Comunidad Valenciana, esas cuatro autonomías absorberán más del 72% del coste nacional de la reforma. Concretamente, Andalucía gastará 1.239 millones de euros para afrontar esta reforma (el 23,3% del total); Cataluña 1.177 millones (22,1%), Madrid 923 millones (17,2%) y la Comunidad Valenciana 494 millones de euros (9,3%). Le seguirán Murcia (255 millones de euros); País Vasco (236 millones); Castilla-La Mancha (171 millones); Canarias (165); Galicia (129); y Castilla y León (102). Por debajo de los cien millones se sitúan Baleares (97); Navarra (75); Asturias (64); Aragón (53); Extremadura (44); Cantabria (36); Ceuta (22); y Melilla (16).¿Dónde irá el gasto?La mayor parte del gasto procederá de la contratación de nuevos docentes. El estudio calcula que cada nueva aula que se cree para poder cumplir con las nuevas ratios obligará a incorporar 1,3 profesores equivalentes a tiempo completo en Primaria y 1,7 en ESO, para cubrir tutorías, especialistas y fragmentación horaria. A ello habría que sumarle también el coste de infraestructura para acomodar a esos nuevos grupos que se van a crear: aunque el modelo asume que el 65% de los nuevos grupos podrán habilitarse reutilizando espacios ya existentes, el 35% restante requerirá obras y construcción de nuevas aulas. El coste medio estimado es de 200.000 euros por aula nueva en Primaria y de 280.000 en Secundaria. En un informe anterior, EsadeEcPol ya puso en duda la efectividad de esta medida. Tras revisar la evidencia internacional más reciente, indicó que la reducción universal y generalizada de ratios no produce "mejoras significativas", ni en el propio rendimiento académico de los alumnos, ni en las tasas de repetición o en el bienestar del alumnado. Según los autores, podría ser, como mucho, beneficioso para la satisfacción docente y la disminución de ciertas "conductas disruptivas" en los colegios, pero aun así defienden que esos efectos serían "modestos" en comparación con el coste de la medida. Limitar las ratios solo en contextos específicosPor esta razón, el estudio propone más bien limitar la reducción de ratios a centros de alta complejidad y redirigir parte de los recursos hacia políticas que creen más eficaces, como tutorías intensivas, programas de refuerzo o incentivos salariales para docentes que imparten clase en entornos difíciles. "Cada euro destinado al actual diseño universal es un euro que no podrá invertirse en intervenciones de mayor impacto sobre la equidad y la calidad del sistema educativo español", argumenta el informe.Así lo defiende también Gortázar, que insiste en una reducción en contextos específicos. "Con un alumnado con mayores necesidades de apoyos especiales, con dificultades de aprendizaje o con una lengua que no es la vehicular, todo eso tiene sentido bajar la ratio ahí", afirma. Aun así, matiza que incluso en esos casos la evidencia empírica es limitada y sostiene que las inversiones más eficaces son las que se concentran en el alumnado con más dificultades,Gastar los recursos "de manera eficaz"El investigador insiste en que el problema no es invertir más en educación, sino cómo se prioriza ese gasto en un sistema que considera infrafinanciado. "Ahora que puede haber una ventana de recursos, sería bueno gastarlo en lo que es más eficaz", sostiene. A su juicio, la reforma actual dirige una enorme cantidad de dinero hacia una política con efectos limitados. "Estamos dedicando una cantidad masiva de recursos en una política que tiene un impacto bajo o nulo".Para Gortázar, el debate educativo se ha centrado demasiado en el tamaño de las clases y no tanto en la calidad educativa. "El tema de las ratios se ha convertido en un mantra, en una reivindicación, en una cosa casi identitaria del profesorado. Entiendo la frustración porque hace mucho que no se le da nada al profesorado y se está intentando agarrar a esto porque no dan alternativas. Pero ocurre como con la jornada escolar, las administraciones educativas son las responsables, porque estamos llevando el debate a un terreno que no beneficia a nadie", concluye.