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catalejoLa solución al desprestigio causado en Guatemala al concepto de Ley debe comenzar ya.
El fin del período de Consuelo Porras y el despido de Rafael Curruchiche ponen en el tapete de la discusión cómo se comparan los derechos laborales en el Estado y en la iniciativa privada. En ciertos casos constituyen una injusticia por diversos motivos, a veces, hasta contradictorios. Según información no oficial pero proveniente de fuentes serias, la ex fiscal general tuvo una indemnización de alrededor de un Q1,700.000, y el jefe de la Feci, por haber sido despedido, recibirá una cantidad moralmente inaceptable. La legislación laboral es tutelar, es decir, favorece en principio al trabajador y a causa de ello afecta en mayor o menor grado a la institución o la empresa, o en este caso al propio Estado.
Este tema da motivo a una serie de consideraciones basadas en el análisis de un factor especifico, es decir cómo se comporta quien es despedido o termina su cargo. Los diputados integran una categoría de horror: indemnización por haber estado en una curul cuando esta tiene plazo fijo. En ambas situaciones los juicios realizados a consecuencia de razones legales y denuncias pueden convertirse en meses o años de discusiones, además de amparos, atrasos mal intencionados y otros. En un breve resumen, los casos en la iniciativa privada se pueden arreglar vía negociación. Una injusticia se da cuando un trabajador recibe una oferta de mayor sueldo y decide irse, por lo cual pierde sus prestaciones, consistentes en un salario por año trabajado más otros beneficios.
