Columnista invitado. Autor de contenidos y de las últimas noticias del diario La República. Experiencia como redactor en varias temáticas y secciones sobre noticias de hoy en Perú y el mundo.
Pedro P. Grández Castro - Profesor universitario. Sociedad Peruana de Constitucionalistas (SPC)
¿Más o menos Estado? ¿Cuánto alcanza el compromiso del Estado con el programa constitucional de los derechos? En los últimos procesos electorales, la polarización en segunda vuelta lleva a confundir la garantía estatal de los derechos con las concepciones ideológicas sobre el rol del Estado en la economía. Que un Estado sea más o menos interventor no tiene, necesariamente, relación con las exigencias que la Constitución le impone en materia de derechos básicos. Lo que sí ha venido ocurriendo en América Latina y, en particular, en el caso peruano, es que el excesivo celo frente a la intervención estatal en el mercado ha producido una preocupante ausencia del Estado en espacios estratégicos directamente vinculados a derechos básicos: la energía, el gas, el petróleo o la propia infraestructura del transporte público.
Se suele enfatizar que el Estado es promotor de la inversión privada, pero se olvida que también es garante del acceso igualitario a los derechos para todos los peruanos. Un Estado que asume como única política pública la promoción de inversiones invierte el sentido del programa constitucional, que pone en el centro la dignidad y la igualdad. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sido enfática: las políticas públicas son el instrumento por excelencia para vigilar el cumplimiento de los Estados en materia de derechos sociales. La educación, la salud, la inclusión de las personas con discapacidad no son asuntos "subsidiarios" ni una opción de gestión; son una obligación.
