Hagamos la diferenciaCuando el derecho deja de servir a la justicia
Durante décadas se nos ha hecho creer que, mientras más abogados participen en la vida pública, más sólida será la democracia. Sin embargo, la realidad guatemalteca parece demostrar exactamente lo contrario. Hoy, buena parte de las decisiones trascendentales del país están concentradas en manos de juristas: el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad, las comisiones de postulación y una enorme red de asesores legales que orbitan alrededor de los poderes político y económico.
El problema no es la existencia del derecho ni la importancia de las leyes. Toda sociedad necesita normas. El problema aparece cuando la lógica jurídica sustituye al sentido común, al desarrollo, a la productividad y a la búsqueda genuina del bien común. Guatemala se ha convertido en un país donde pareciera que todo puede detenerse con un amparo, retrasarse con una apelación o manipularse mediante interpretaciones legales diseñadas para proteger intereses particulares.
Mientras otros profesionales producen alimentos, tecnología, infraestructura, conocimiento científico o innovación, gran parte de nuestra élite jurídica se dedica a administrar conflictos, redactar obstáculos y construir entramados burocráticos que muchas veces paralizan al país. El agricultor produce alimentos, el ingeniero construye infraestructura, el médico salva vidas, el científico genera conocimiento. Pero demasiados abogados han encontrado su nicho en la confrontación interminable y en la explotación de la desconfianza humana.
