La buena noticia¿Seguirá el sistema de justicia caminando en la oscuridad o llegará la hora en que Guatemala decida abrir los ojos?
La reciente integración de la Corte de Constitucionalidad (CC) debió ser una oportunidad para fortalecer el Estado de derecho en Guatemala. En cambio, confirmó lo que se venía denunciando: la persistencia de un sistema de poder que utiliza las instituciones para garantizar la continuidad de la corrupción y la impunidad. Lo ocurrido es un síntoma grave de la captura progresiva del sistema de justicia por intereses que se resisten a cualquier transformación democrática.
La CC es el órgano que interpreta la Constitución y decide sobre la legalidad de las acciones del poder público. Controlar la Corte significa influir decisivamente en el rumbo institucional del país. Por eso su integración nunca es neutral: revela correlaciones de fuerza, pactos políticos y alianzas que se negocian en la opacidad.
El reciente proceso mostró la convergencia entre sectores de la partidocracia enquistada en el Congreso, operadores del sistema judicial y poderosos grupos económicos interesados en preservar un modelo que ha permitido durante décadas la reproducción de privilegios y la protección mutua frente a la justicia. Cuando estas fuerzas colocan magistrados afines, el resultado es previsible: tribunales que actúan con severidad contra los débiles, pero muestran indulgencia frente al poder. La consecuencia es devastadora para la gente. Cuando la justicia se vuelve selectiva, el ciudadano percibe que la ley ya no funciona como garantía de igualdad, sino como herramienta de control político. Y cuando la justicia pierde legitimidad, la democracia entera se debilita.
