Cinco jueces del Tribunal Supremo pensaban una cosa cuando entraron en la sala (había que condenar al fiscal general del Estado) y dos, pensaban lo contrario. No parece que haya habido el necesario debate
Los primeros que deben respetar la justicia son, obviamente, los jueces, de todas las instancias, que deben evitar por todos los medios a su alcance que sus decisiones lleguen motivadas por intereses corporativos. La confianza en la justicia, escribe el magistrado Miguel Pasquau en su libro El oficio de decidir (Debate, 2025), no puede basarse en la infalibilidad de los jueces, algunos de ellos ya conocidos por su proclividad a sumarse a sus colegas y a comprometerse con los factores políticos o ideológicos de cada caso. La confianza se basa en la fiabilidad del sistema. La fortaleza del sistema no está en el juez, sino en el procedimiento de decisión, es decir, en el juicio. Esto es lo que debe ser protegido y lo que lamentablemente se ha visto extrañamente vulnerado en el caso contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
La primera anomalía es el hecho de que se haga pública la condena sin incluir la sentencia, con los argumentos que hayan llevado a esa conclusión. No es la primera vez que esto sucede, pero en la mayoría de los casos se trata de sentencias que van a ser unánimes, refrendadas por todos y cada uno de los miembros del tribunal. Se supone que en un caso tan relevante como el que implica a una máxima autoridad del Estado, los jueces han debido mantener una larga y profunda deliberación, pero el seguimiento de lo ocurrido indica justo lo contrario. Cinco jueces del Tribunal Supremo pensaban una cosa cuando entraron en la sala (había que condenar) y dos pensaban lo contrario. Una semana después, dio la impresión de que en ningún momento se produjo el necesario debate ni intercambio de ideas.
