El sector de derechas de la Sala II, responsable, entre otras cosas, de juzgar a altos cargos aforados, siempre ha hecho lo posible para mantener una mayoría afín a sus convicciones políticas
La mayoría de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) desearía remontar de una vez los enfrentamientos registrados a raíz de la condena del fiscal general por revelación de secreto, que tanta herida ha dejado en el prestigio del Tribunal Supremo. Sin embargo, el caso sigue muy vivo y ahora se abre otro posible plano de lucha y hostil...
idad a propósito de la renovación de las principales Salas del Supremo, que un pequeño grupo de magistrados quiere intervenir y controlar.
En teoría, la elección de los nuevos presidentes y miembros de Sala debería ser relativamente sencilla. En algunos casos, como la Sala II, dedicada a asuntos penales, tiene ya dibujado un retrato robot: se decidió en su día que, por razones de paridad, debería nombrarse a una mujer, y por razones de turno jurista, una catedrática de Derecho Penal. Sin embargo, como presidente de la Sala Segunda fue elegido finalmente Andrés Martínez Arrieta, en virtud fundamentalmente de su veteranía. Su nombramiento venía a representar algo así como el colofón de su carrera, aunque ese ha sido siempre uno de los reproches que se han formulado a la elección de presidentes de Salas del Supremo: que se valoraba siempre como una especie de “broche” de final de carrera, en lugar de ser elegido exclusivamente en virtud de sus méritos profesionales y de su proyecto de gobierno de la Sala. De hecho, también se presentó como candidatada la magistrada Ana Ferrer, mujer, que podía competir por la presidencia de la Sala en virtud de sus méritos y de presentar el mejor programa de gobierno. Además, Ferrer podría completar los cinco años de mandato asociados al cargo, mientras que la jubilación de Martínez Arrieta está prevista para julio de 2026.
