El Tribunal Constitucional, que se enfrenta esta semana a su reto más escrutado de este mandato, es un órgano institucional clave del sistema democrático, intérprete último y máximo de la norma suprema, que dicta sentencias determinantes pero no se considera una instancia jurídica. Sus magistrados, elegidos con un método y una ley que no es de ahora ni sanchista, son figuras experimentadas y baqueteadas en las refriegas políticas del país, pero no se pueden defender ni justificar por los métodos habituales de los políticos profesionales. Se solían sustentar con el prestigio de su carrera y los razonamientos de sus sentencias. Eso era más o menos así hasta ahora.
Casi nadie se escandalizó cuando la pasada semana el líder de la oposición y candidato a presidir el Gobierno de España, Alberto Núñez Feijóo (PP), cuestionó pública y directamente en una entrevista en la COPE al actual tribunal y en especial a su vigente presidente, Cándido Conde-Pumpido, “uno de los problemas que tiene el país”, dudando de su “objetividad” y concluyendo que ha labrado “un acuerdo con el Gobierno para sacar adelante la amnistía”. Pero Conde-Pumpido sí lo hizo.
Con 75 años y de familia muy jurídica, medio siglo de carrera en prácticamente todos los puestos más trascendentes del ámbito judicial, magistrado del Constitucional desde 2017, a propuesta del Senado, siendo presidente del Gobierno Mariano Rajoy, el presidente del Alto Tribunal desde 2023 se echó las manos a la cabeza. Y pensó en cómo habrían reaccionado los líderes políticos de la derecha, las asociaciones judiciales conservadoras y los medios más afines al PP si Pedro Sánchez hubiera dicho algo similar sobre teóricas connivencias y posiciones de magistrados del Tribunal Supremo contra, por ejemplo, la misma ley de amnistía.
