El tribunal de garantías empieza 2026 con decisiones para tratar de devolver prestigio a los Parlamentos
El Tribunal Constitucional empieza el año con sentencias importantes para tratar de devolver prestigio a las instituciones parlamentarias. Se trata de defender los derechos de los parlamentarios, por la relevancia de su función, en representación de los ciudadanos. En un primer caso, el tribunal ha anulado la decisión de la Mesa de la Asamblea de Madrid que inadmitió cinco preguntas dirigidas al Consejo de Gobierno de esta Comunidad. Todas ellas cuestionaban actuaciones y manifestaciones de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta Ayuso. Lo que el PSOE preguntaba era si dicho alto cargo había aplicado bien el código ético de la Comunidad cuando se dirigió a una periodista de elDiario.es con mensajes como el siguiente: “Os vamos a triturar. Vais a tener que cerrar. Idiotas. Que os den”. El trasfondo, la información de dicho medio sobre las investigaciones por fraude fiscal contra el empresario Alberto González Amador, pareja de Ayuso.
La Mesa de la Asamblea rechazó tramitar las preguntas “por no referirse su objeto a una acción de control al Gobierno”. El acuerdo impugnado sostenía que un jefe de gabinete es titular de un órgano de asesoramiento, sin funciones ejecutivas. Es decir, utilizó su mayoría para cercenar el debate. Es importante que esta sentencia se haya dictado por unanimidad. Lo es porque subraya una doctrina muy consolidada del Constitucional, contra la ley del embudo en la protección de la labor de los parlamentarios, su “ius in officium” para representar a la ciudadanía y hacer efectivos sus derechos. El ponente de la resolución es el magistrado Enrique Arnaldo, del bloque conservador del tribunal, favorable a conceder amparo a la viceportavoz del PSOE en la Asamblea madrileña, Marta Bernardo, porque inadmitir sus preguntas sobre la conducta de Rodríguez supuso “una limitación injustificada del derecho de la recurrente a formular preguntas al Consejo de Gobierno”.
