Los magistrados han admitido a trámite el conflicto de atribuciones planteado por el Senado
El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el conflicto de atribuciones planteado por el Senado ―a instancias del PP, que tiene mayoría absoluta en esa Cámara― por el incumplimiento por parte del Gobierno de su deber de presentar anualmente en las Cortes Generales un proyecto de ley Presupuestos Generales del Estado. Será la primera vez que la corte de garantías estudie este asunto.
El Pleno ha acogido por unanimidad la propuesta de la magistrada progresista Laura Díez, que abogaba por analizar este conflicto de atribuciones, según fuentes jurídicas consultadas por EL PAÍS.
El PP hizo valer su mayoría en el Senado para que su Pleno aprobara el pasado octubre este conflicto de atribuciones, que acabó formalizándose a finales de año, tras una decisión muy meditada por las dudas que suscitaba a los ‘populares’ acudir a un Constitucional de mayoría progresista.
El PP sostiene que el Gobierno le ha hurtado la posibilidad de debatir y aprobar las cuentas públicas por no presentar las de 2026, aunque también denuncia las sucesivas prórrogas de los Presupuestos aprobados en 2023. En concreto, los de Alberto Núñez Feijóo argumentan que el 30 de septiembre expiró el plazo que la propia Constitución da al Gobierno para registrar las cuentas públicas. La Ley Fundamental establece que debe hacerlo al menos tres meses antes de que caduquen los del año anterior y, aunque no siempre se cumplen estos plazos, sí es la primera vez que no se han presentado.
