El Tribunal Constitucional ha desestimado conflicto entre órganos constitucionales del Estado planteado por el Gobierno contra el acuerdo de la Mesa del Senado por el que se tomó en consideración una proposición de ley del PP para derogar la Ley del impuesto sobre sucesiones y donaciones (ISD). La sentencia, aprobada por unanimidad, estima que el Gobierno se excedió en su acción de veto contra la decisión del Senado, ya que “el veto no puede ejercerse en relación con presupuestos futuros, que aún no han sido elaborados por el Gobierno”, como ocurrió en este caso.
El Gobierno usó el “veto presupuestario” acogiéndose al artículo 134.6 de la Constitución, que establece que “toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación”, y alegando que la iniciativa —presentada en octubre de 2023— afectaba al presupuesto. La Mesa del Senado respondió que rechazaba el veto porque dada su fecha de entrada en vigor (1 de enero de 2024), la medida no afectaba al presupuesto “en curso”.
La sentencia —de la que ha sido ponente la magistrada María Luisa Balaguer, del grupo progresista del tribunal— desestima el conflicto entre instituciones del Estado planteado por el Gobierno contra el Senado al entender que el veto no puede interpretarse “en clave plurianual”. Ceder ante esta pretensión —explica el tribunal— “supondría un ensanchamiento de la potestad de veto incompatible con el protagonismo que en materia legislativa otorga a las Cámaras la propia Constitución”, en su artículo 66.
