La necesidad de presentar un proyecto de Presupuestos Generales del Estado al Congreso de los Diputados tiene que ser la absoluta prioridad de la política española en el mes que empieza. El Gobierno está incumpliendo la Constitución y no hay excusas. Las vagas declaraciones afirmando su intención de presentar en septiembre el techo de gasto, paso previo a las cuentas, anticipa un calendario sin credibilidad a estas alturas, pues la fecha límite es el 1 de octubre, la tramitación dura tres meses y no hay ni un papel sobre la mesa.
Una democracia no es solo la letra de sus leyes sino también sus tradiciones. En España, gobiernos del PP y del PSOE han prorrogado varias veces los presupuestos por no poder aprobar unos nuevos, por lo que ya se puede dar por establecido que un gobierno no está obligado a convocar elecciones inmediatamente si ve rechazadas las cuentas. A lo que sí está obligado por la Constitución es a presentarlas. La idea de que los apoyos deben ser negociados fuera del Congreso para luego presentar el proyecto con la aprobación garantizada es antidemocrática.
La fragmentación parlamentaria no es excusa. Es la misma fragmentación con la que Pedro Sánchez fue investido presidente y con la que aprobó la ley de amnistía, quizá el proyecto por el que será recordado este Gobierno. Los problemas para los presupuestos están fundamentalmente en los extremos: la derecha de Junts y la izquierda de Podemos. Ambos están necesitados de grandes gestos ante su electorado. Pues bien, los presupuestos marcan el momento más político de un país. La negociación puede y debe ser exigente, pero las amenazas de bloqueo a priori son, simplemente, antipolítica. Si Junts y Podemos son, como Vox, partidos antisistema que solo están en las instituciones para hacer ruido, esta es la oportunidad para que se lo digan claramente a sus votantes.
