Montero presiona a los barones del PP para aprobar la senda de estabilidad, aunque el PSOE asume la falta de apoyos a este primer paso en el Congreso de las cuentas
El Gobierno ha reconocido este martes por primera vez en público lo que era una evidencia: que no presentará los Presupuestos para 2026 antes de fin de año como Pedro Sánchez aseguró en octubre. La última hoja de ruta que maneja la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es hacerlo en el primer trimestre de 2026, preferiblemente febrero —lo que haría coincidir las negociaciones con la del modelo de financiación autonómica, aprobado en 2009 y obsoleto desde 2014— para que estuvieran aprobados en abril o mayo. Por ahora, el Ejecutivo no cuenta con los apoyos necesarios tras el rechazo expreso de Junts pero no tira la toalla: fuentes del Gobierno creen que aún pueden reconducir la relación con los neoconvergentes y sacar los Presupuestos aprovechando el previsible regreso de Carles Puigdemont a España en primavera. El plan b sería volverlos a presentar si se abre una ventana de oportunidad con los socios más díscolos del Gobierno.
La conclusión en La Moncloa es que el informe del Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la amnistía ha despejado el camino para la vuelta del líder de Junts, ya que suele coincidir con la orientación de las sentencias del tribunal comunitario. El Gobierno entiende que, si se confirman sus cálculos, Junts tendría en cuenta el coste y el desgaste que le ha supuesto al PSOE la aprobación de la medida de gracia. De ese modo, en el supuesto de que los Presupuestos fuesen tumbados, si posteriormente Junts levantase el veto debido a que Puigdemont se ha beneficiado de la aplicación de la ley de amnistía, entonces el Gobierno volvería a tramitarlos en las Cortes.
