En medio de la dura batalla entablada por la oposición para obligar al presidente Sánchez a convocar elecciones generales anticipadas y pese a la indudable situación de shock en la que se encuentra el PSOE y el Gobierno en pleno, hay algunos aspectos de la actividad gubernamental que tienen que seguir adelante inevitablemente: el próximo mes de julio, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda tiene que proponer el techo de gasto para 2026 y esa propuesta debe ser aprobada por el Consejo de Ministros. El techo de gasto es como el prólogo de los presupuestos generales del Estado y fija el límite máximo de gasto que podrán realizar las Administraciones públicas en el año siguiente, es decir, en 2026. La obligación de presentarlo en fecha y forma es consecuencia del compromiso constitucional de cumplir determinados objetivos de déficit y deuda pública.
La aprobación del techo de gasto debe ser seguida, a los pocos meses, por la presentación del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado. El año pasado, el Gobierno incumplió su obligación, algo sin precedentes, y prorrogó directamente los de 2024, por temor a que alguno de sus socios votara en contra, algo que era previsible, pero que no necesariamente hubiera llevado a la dimisión del presidente porque ya existen sobrados precedentes (todos por Gobiernos del PP) en que, pese a ese rechazo, el Gobierno ha seguido adelante prorrogando las cuentas del año anterior. Aun así, Sánchez prefirió lisa y llanamente no presentar los presupuestos y no someterse a ninguna negociación.
