La inestabilidad parlamentaria que rodea a la política española ha alterado por completo el calendario y ritmos que acompañan a la principal ley anual que debe aprobar todo Ejecutivo: la de los Presupuestos Generales del Estado. A estas alturas del año, el Ministerio de Hacienda ya debería estar preparando los trámites necesarios para dar luz verde a las cuentas públicas del próximo ejercicio. Sin embargo, trasladan varias fuentes, esto no está sucediendo. Mientras, el Gobierno insiste en mantener el foco en el proyecto de Presupuesto para 2025, cuando faltan apenas tres semanas para llegar al ecuador del año y el reloj y la precaria mayoría parlamentaria lo hace prácticamente inviable. Todo ello se produce, además, en un contexto de prórroga presupuestaria, con las cuentas de 2023 ―que datan de la pasada legislatura― en vigor.
De cara al nuevo proyecto para 2026, varios interventores y auditores del Estado consultados explican que, a lo largo del primer semestre del ejercicio en curso, el Gobierno debería tener atados los objetivos de estabilidad (límites de déficit y deuda pública) para las distintas Administraciones y el límite de gasto no financiero, conocido comúnmente como techo de gasto. Estas cifras marcan el pistoletazo de salida para la liturgia presupuestaria y suponen las bases esenciales sobre las que se construyen las cuentas. Sin embargo, explica uno de los interventores, “no hay visos” de que esto vaya a suceder, ya que “no consta que internamente se esté trabajando en ello”.
