Con el mes de agosto a las puertas, el Ministerio de Hacienda no ha iniciado todavía los trámites necesarios para empezar a confeccionar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2026, lo que supone un retraso respecto al calendario habitual. La demora de la compleja liturgia presupuestaria abre la puerta a que se tengan que prorrogar unas nuevas cuentas públicas por tercera vez desde 2023. Ni la orden ministerial para que los departamentos expresen sus necesidades de gasto ha sido publicada, ni Hacienda ha aprobado el límite de gasto no financiero ―conocido como techo de gasto―, ni se han propuesto aún los objetivos de estabilidad presupuestaria para los próximos años, como tampoco se ha validado la actualización del cuadro macroeconómico. Todos estos pasos, esenciales en el engranaje presupuestario, deberían estar en marcha desde hace semanas si el Ejecutivo quiere llegar en plazo a septiembre, mes clave para registrar el proyecto de ley en el Congreso, como establece la Constitución, y que pueda ser aprobado en tiempo y forma antes de que acabe el año. Pero de momento no ha sido así.
La semana pasada, en un acto celebrado en Málaga, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró que “a lo largo de los próximos meses estaremos en condiciones de hablar con los grupos y de ver efectivamente cuáles serán las cuentas para el año 2026″. La vicepresidenta primera trasladó su “absoluta tranquilidad” y recalcó que “vamos con tiempo” y que “las cosas se plantearán en los momentos oportunos”. Para cumplir con el calendario, sin embargo, hay varios hitos que son imprescindibles y que no se han formalizado todavía.
