La Constitución establece que el proyecto de cuentas debe llevarse al Congreso al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior. El Ejecutivo no ha aprobado todavía ni la senda fiscal ni el techo de gasto
Por tercer año consecutivo, España llegará al 30 de septiembre sin proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) en el Congreso, lo que implica incumplir con el calendario previsto en la Constitución. El Consejo de Ministros de este martes ―el último del mes― se celebrará sin techo de gasto ni senda de déficit aprobados, pasos imprescindibles para poder formalizar el mandato constitucional que obliga al Ejecutivo a registrar las cuentas públicas tres meses antes del inicio del nuevo ejercicio. El reloj marca ya el incumplimiento y abre la puerta a que las cuentas de 2023, las últimas en aprobarse, sigan prorrogadas también en 2026.
El retraso sorprende a pocos. Desde hace semanas, tanto en el Ministerio de Hacienda como en los pasillos del Congreso se asumía que el calendario estaba agotado. Para que la norma se respetara, el Gobierno debería haber acelerado al máximo los trámites desde hace semanas, pero no ha sido así. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, insistió este lunes en que el proyecto está “en la recta final”, con los “últimos números” aún en fase de ajuste. Prometió llevar “pronto” el techo de gasto y la senda de estabilidad al Consejo de Ministros. Pero “pronto”, a estas alturas, ya es demasiado tarde para el precepto constitucional que establece que las cuentas deben elevarse al Congreso “al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior”, es decir, el 30 de septiembre a más tardar.
