El bloqueo de la renovación del tribunal de garantías, que incluye el relevo del presidente, sobrevuela un año en el que se espera cerrar la ley de amnistía y la presentación del recurso del ex fiscal general
Un tercio de los 12 magistrados del Tribunal Constitucional arranca el año con el mandato caducado: el 17 de diciembre pasado expiró el de los cuatro nombrados por el Senado, lo que incluye al presidente, Cándido Conde-Pumplido, además de Ricardo Enríquez, María Luisa Balaguer y José María Macías, aunque este último, en caso de acordarse la renovación a lo largo de este año, podría continuar dado que no habría cumplido aún los tres años en el cargo (fue nombrado en julio de 2024). Pero la renovación es improbable, según asumen tanto en el tribunal como en el Senado, y así lo han dejado claro los dos partidos políticos de los que depende en última instancia: el PSOE acusa al PP de no querer a...
cordar nada y el PP dice que el PSOE no lo merece. Entre tanto, el tribunal seguirá ejerciendo.
El pasado 15 de diciembre, el presidente del Senado, Pedro Rollán, dio por fin curso al trámite previsto, al solicitar a los parlamentos autonómicos que propongan las dos candidaturas que la ley les reserva. Una vez lleguen las propuestas, para lo que tienen dos meses de plazo, el Senado debería nombrar a los cuatro elegidos por mayoría de tres quintos. Más allá del curso legal —rubricado dos días antes de que expirara el mandato, pero cinco meses después de que el presidente del Constitucional lo comunicara oficialmente—es improbable que los partidos lo acuerden en el curso político.
