El aval del Tribunal Constitucional a la ley de amnistía en nada cambia la suerte de Carles Puigdemont, sin garantías aún para organizar su regreso a Cataluña. El expresidente de la Generalitat durante el 1-O, huido a Bélgica, sigue atrapado por el Tribunal Supremo, que ha descartado de forma reiterada (y ahora ya definitiva) aplicar la medida de gracia al delito de malversación por el que fue procesado en rebeldía. El Constitucional no se ha pronunciado de forma expresa sobre ese delito porque el recurso del PP contra la ley no lo mencionada. De modo que el Supremo considera que su interpretación —que excluye del alcance de la amnistía la malversación de Puigdemont— continúa siendo perfectamente válida.
Puigdemont cuenta con el apoyo del Gobierno para su regreso a España. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, reiteró este jueves, tras conocer la sentencia de la mayoría progresista del tribunal (seis votos frente a cuatro), que la “voluntad del legislador” fue que la amnistía abarcara a “todos los líderes” vinculados al proceso independentista, que tuvo su punto culminante con el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Pero el expresident y líder de Junts necesita algo más que el respaldo del PSOE y sus socios. Sus posibilidades de regresar de lo que él y su entorno han definido siempre como un “exilio” pasan por revertir la decisión del Supremo. Y cuenta para ello con una última baza: un recurso de amparo ante el mismo Constitucional que acaba de dar luz verde a una de las leyes más controvertidas del Gobierno de Pedro Sánchez.
