El nuevo cálculo del organismo llevaría a mayo la tramitación del recurso del ‘expresident’
El pleno que celebra el Tribunal Constitucional esta semana tiene particular importancia en relación con la recta final de sus resoluciones sobre la ley de amnistía y su aplicación. Los magistrados han decidido en primer lugar no levantar la suspensión de la orden de detención que sigue vigente en España contra el expresidente catalán Carles Puigdemont. El líder del procés no consigue, en suma, que se le permita regresar ya a España. Pero se trata de una decisión que no prejuzga nada sobre lo que vaya a suceder cuando se resuelva el recurso más relevante, el que presentó Puigdemont contra la interpretación que hizo el Tribunal Supremo para no aplicar la citada norma al delito de malversación.
Esta sentencia es la más importante que queda pendiente en manos del órgano de garantías. El tribunal está aplicando un ritmo lento a sus resoluciones esencialmente porque quiere seguir dando tiempo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que a su vez debe decidir sobre las impugnaciones que el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional presentaron contra la ley de amnistía. Las cuestiones prejudiciales presentadas sostenían que esta norma vulnera principios esenciales del derecho europeo y que afecta a los intereses financieros de la Unión Europea. El Abogado General del TJUE ya descartó la tesis de la autoamnistía mantenida por los recurrentes en línea con las críticas del PP a la ley. Rechazó también que el procés hubiera afectado a fondos europeos.
