El sentido de muchos votos particulares tampoco refleja la presunta fractura ideológica de los magistrados, aunque sí en asuntos como la amnistía, la vivienda e impuestos
El Tribunal Constitucional, en el vértice de la justicia y la democracia, se pronuncia sobre asuntos que inevitablemente se mezclan con el ambiente político. En el arranque de este año lo ha hecho sobre dos figuras que suelen marcar la tónica del muy polarizado debate público: el expresidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Las decisiones de la corte de garantías, sin embargo, lejos de reflejar la supuesta fractura política que haría previsibles cada una de sus resoluciones, se han tomado con un notable consenso. La de
asta-resolver-su-amparo.html" rel="" data-link-track-dtm="">mantener la orden de detención contra Puigdemont se alcanzó con un solo voto particular en contra; y la sentencia que declaró que en la Asamblea de Madrid, controlada por el Partido Popular de Ayuso, se habían vulnerado los derechos de la oposición socialista, se dictó por una mayoría de 10 a 2.
Los amplios consensos no son una excepción de la cuesta de enero, sino la norma durante casi todo el año. El 80% de las sentencias del Tribunal Constitucional en el último año se dictaron por unanimidad. De las 192 sentencias de 2025, 153 contaron con el respaldo unánime de los 12 magistrados y muchos de los votos particulares emitidos en otras 24 de las principales sentencias tampoco reflejan la presunta fractura política que tantas veces se le atribuye, salvo en tres asuntos cruciales: la amnistía, la vivienda y los impuestos.
