Ahora que el Tribunal Constitucional ha validado la amnistía, al jurista que suscribe no le queda sino mirar hacia adelante. Atrás quedan las expresiones de incredulidad e inquietud ante lo que en los medios se presentaba como texto de la ponencia previa a la deliberación y fallo. La sentencia, es cierto, ha evidenciado que mi inquietud, no así mi incredulidad, poseían fundamento, pero lo relevante ahora es que nuestro juez constitucional ha dejado dicho, en única y definitiva instancia, que aquella ley de amnistía, aparte unos muy puntuales extremos, es constitucionalmente adecuada. Y no sobra añadir que pecaría de temeraria la pretensión por parte de cualquier poder del Estado de poner en cuestión a partir del Derecho interno lo declarado por el tribunal.
Pendiente queda mirar hacia adelante. Pues ni la Constitución ni la misma justicia constitucional han salido sin rasguños del trance. En lo que sigue dejaré de lado los sufridos por la Constitución, no porque me parezcan nimios, sino porque ya han sido competentemente señalados. Opto en su lugar por centrar la atención en los sufridos por la propia justicia constitucional patria. Lo avanzaré sin rodeos: nuestro Tribunal Constitucional ha perdido en esta ocasión una inmejorable oportunidad de hacer valer que, como tal institución, mantiene su razón de ser.
