El Tribunal Constitucional (TC) validó ayer por seis votos a cuatro la ley de amnistía aprobada en mayo de 2024 por el Congreso de los Diputados. El fallo da la razón al Poder Legislativo y ratifica que la norma —la más polémica y divisiva de la legislatura— no solo es constitucional, sino también legítima como vía para la reconciliación. Al sostener que la ley se ajusta a la Constitución y no responde a un capricho político, el tribunal de garantías subraya que la medida de gracia tiene como fin superar las tensiones generadas dentro de Cataluña, y entre Cataluña y el resto de España, por el proceso independentista, que culminó en el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y produjo una grave fractura social.
Un año después de su aprobación, nadie puede negar que la ley ha cumplido ese objetivo. No solo ha devuelto la normalidad institucional a Cataluña sino que ha demostrado que eran infundados los temores de quienes se oponían a la ley: ni España se ha roto ni el independentismo ha recuperado fuerza —bien al contrario, ha perdido la mayoría en el Parlament— ni se ha visto espoleado por una supuesta impunidad. Como recuerda el TC, como medida excepcional, la amnistía se circunscribe a un periodo concreto —su fecha máxima de aplicación se fija en el 13 de noviembre de 2023— y solo extingue responsabilidades penales sobre delitos cometidos en el pasado; si los líderes independentistas se embarcan de nuevo en un proceso secesionista, sus conductas volverán a ser castigadas.
