El fallo del Tribunal Constitucional sobre una ley clave muestra los problemas institucionales que sufre
Resulta que el Gobierno decide camuflar el impulso de una ley socialmente muy sensible con el expedito disfraz de una proposición de ley. Resulta que el Parlamento la aprueba por los pelos, sabiendo que su constitucionalidad, de afirmarse, será por esos mismos pelos. Resulta que, como era previsible,
tucional-avala-la-ley-de-amnistia.html" target="_self" rel="" title="https://elpais.com/espana/2025-06-26/el-constitucional-avala-la-ley-de-amnistia.html" data-link-track-dtm="">la decisión del árbitro de tal constitucionalidad es criticada por una mitad de la población, capitaneada con acritud y poco acatamiento por el jefe de la oposición. Y resulta, en la última de la serie de catastróficas desdichas, que ese árbitro había decidido sin pensárselo mucho y con indisimulado estrépito interno.
Pero empecemos por el principio. El cocinado no consensuado de una ley tan importante como de constitucionalidad debatible tiene mucho de deslealtad institucional. Un buen Gobierno, con el Estado en su cabeza, solo debería dar ciertos atrevidos pasos con la tierra firme de un amplio acuerdo transversal, como regla implícita de viabilidad del sistema, por mucho que tal cosa no la imponga la Constitución sino una elemental cultura constitucional. Aquí, bien lejos de ello, la iniciativa del Ejecutivo eludió la vía natural del proyecto de ley y se tramitó además por la vía de urgencia cinco años después de la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo.
