Hace poco más de un año, el Congreso aprobó la Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña. Polémica desde su planteamiento inicial, salió adelante con 177 votos a favor y 172 en contra. La controversia ha continuado desde entonces, en las tribunas de prensa, pero también en el Tribunal Constitucional, adonde han llegado los recursos presentados por partidos como PP y Vox, gobiernos autonómicos (alguno gobernado por el PSOE) e incluso de tribunales como el Superior de Justicia de Cataluña o el Supremo. Esta semana, los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) intentarán resolver ese litigio, que se abre con un borrador de sentencia conocido el 2 de junio y que defiende que “las intenciones del legislador, su estrategia política o su propósito último” quedan fuera del control del tribunal de garantías. Se bloquearía así la reclamación de PP y Vox, que denunciaban “arbitrariedad” del Gobierno y sus socios parlamentarios.
La probable validación de la ley permitirá dejar otra pantalla atrás de la Cataluña del procés que desembocó en el referéndum independentista del 1 de octubre de 2017. Òmnium Cultural, una de las asociaciones catalanas que animaron el secesionismo, cifra en unas 1.600 personas las afectadas por sentencias y sanciones vinculadas con aquella coyuntura, de las que más de 700 aún están inmersas en causas penales y de las que apenas dos centenares habrían sido amnistiadas (a los que hay que sumar unos 164 policías nacionales y guardias civiles). La sentencia del Constitucional debería agilizar los casos de olvido penal, pero el cierre de la ley va más allá del dictamen de los magistrados. Hay al menos media docena de instancias en las que se juega también el futuro de la amnistía, con algunos posibles beneficiarios expectantes de las decisiones de más de una de ellas.
