Hace justo un año y un día que Miquel Buch se convertía en el primer beneficiario de la Ley de Amnistía. Consejero de Interior durante la época de las protestas contra las sentencias del procés, fue condenado a cuatro años y medio de cárcel y a 20 de inhabilitación por haber malversado y prevaricado al permitir que un mosso d’Esquadra hiciera de escolta de C...
arles Puigdemont durante su permanencia en Bélgica. El 25 de junio de 2024 el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) le aplicaba la ley del olvido penal, lo que suponía hacer borrón de “cuantos registros, anotaciones y antecedentes, incluidos los policiales, se hayan llevado a cabo exclusivamente en virtud de los actos expresamente amnistiados”. Como él, el escolta Lluís Escolà disfrutó de la misma medida. Y, como un cuentagotas, fueron cayendo decisiones judiciales en el mismo sentido.
Según la asociación independentista Òmnium, desde entonces la Ley de Amnistía ha servido para perdonar a unos 210 políticos y ciudadanos que fueron condenados por su participación en acciones independentistas y a 164 agentes policiales que intentaron frenarlas propasándose en la aplicación de la ley.
Quedan muchos más. Entre ellos el mismo expresident Puigdemont (líder de Junts), su vicepresidente Oriol Junqueras (jefe de ERC) y buena parte de los consellers condenados que estuvieron a su cargo. El propio Josep Rull, condenado por el Tribunal Supremo a 10 años de prisión por ser uno de quienes orquestaron el referéndum del 1-0 y hoy presidente del Parlament y segunda figura institucional de Cataluña gracias al indulto de 2021, se cuenta entre los que esperan la amnistía. Òmnium, la única institución que ha tratado de llevar al detalle la evolución de la aplicación de la ley, cifra en unas 1.400 personas las que podrían beneficiarse de la medida una vez.
