Los informes de la Fiscalía y la Abogacía del Estado al Constitucional apoyan la aplicación de la norma a Puigdemont
Los informes que la Fiscalía y la Abogacía del Estado han remitido al Tribunal Constitucional apoyando la aplicación de la ley de amnistía a Puigdemont cierran el círculo de la defensa llevada a cabo por el Estado español sobre dicha norma y sus fines. Esta defensa ya fue realizada por la representación de la Abogacía ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en julio último. La representación defendió la procedencia y legitimidad de la ley para favorecer la normalización política en Cataluña. En cambio, el Tribunal Supremo interpretó que la amnistía no era aplicable al líder de Junts y otros dirigentes independentistas porque habían financiado sus planes con recursos públicos y no con su propio dinero y patrimonio, lo que implicaría que se enriquecieron con el procés.
Ahora, la pieza que queda por colocar en el puzle es la de la sentencia pendiente del TJUE, en respuesta a las impugnaciones del Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional contra el perdón acordado por el Parlamento. En cuanto tenga sobre la mesa ese fallo, el Constitucional resolverá el recurso de amparo de Puigdemont y otros antiguos miembros de su Gobierno, entre ellos el líder de ERC, Oriol Junqueras. El órgano de garantías decidirá, en suma, si el Supremo vulneró los derechos fundamentales de los recurrentes al negarles la amnistía.
