Los dos vocales propuestos por Sumar se desmarcan del bloque progresista
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha atestiguado en las últimas horas una extraña alianza. Ocho vocales del bloque progresista y los 10 del conservador han unido fuerzas para excluir a jueces y magistrados de la ley de prevención de riesgos laborales. Los dos vocales propuestos por Sumar ―Carlos Hugo Preciado e Inés Herreros― se han opuesto al considerar que supone un paso atrás. En el trasfondo, una ristra de sentencias condenando al CGPJ por incumplir sus obligaciones en esta materia.
El Pleno del CGPJ ha aprobado este miércoles la propuesta pactada por vocales progresistas y conservadores que parte de la premisa de que los jueces no son meros trabajadores. El texto acordado recuerda que “la Constitución establece una reserva específica en favor de la Ley Orgánica del Poder Judicial” para “determinar el régimen estatutario de los jueces y magistrados, globalmente considerado” y que dicha reserva “tiene carácter absoluto”, por lo que “solo esa ley orgánica puede innovar los derechos y deberes que integran el estatuto judicial”. Esta ley guarda silencio sobre este tema; el reglamento de la carrera judicial, de 2011, hace una remisión genérica a la ley de prevención de riesgos laborales; esta segunda ley, de 1995, no hace alusión expresa a los togados; y las directivas europeas referidas a la materia, de 1989, tampoco. “En nuestro ordenamiento, en definitiva, no existe por el momento un régimen legal específico de protección de la salud de jueces, juezas, magistrados y magistradas”, resume el texto pactado.
