El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este jueves de forma unánime que la huelga de jueces convocada por cinco asociaciones (todas menos la progresista) no es legal. Fuentes del órgano de gobierno de los jueces señalan que tanto el bloque conservador como el progresista han coincidido en que la convocatoria “carece, en el momento actual, de soporte normativo” por lo que entienden como “no anunciada” la protesta de los días 1, 2 y 3 de julio y se declaran no competente para fijar servicios mínimos. Los vocales propuestos por el PP se han adherido también a un escrito presentado por la presidenta, Isabel Perelló, en el que se solidarizan con el esfuerzo invertido por los jueces que han aprobado la oposición.

El pronunciamiento del CGPJ se ha producido después de que el Ministerio de Justicia le preguntaba si mantiene la postura que fijó el Consejo en 2009, cuando el pleno, presidido entonces por Carlos Dívar, acordó que la ley no prevé el derecho de huelga de los jueces y magistrados y tuvo por no convocada la huelga que habían impulsado varias asociaciones y asambleas territoriales. La carta remitida por Justicia insta además al órgano de gobierno de los jueces a tomar medidas para garantizar que se descuenta la parte proporcional del sueldo a los jueces que secunden el paro.