El Ministerio de Justicia remitió el pasado lunes un escrito al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para forzar un pronunciamiento sobre la huelga de jueces convocada para los días 1, 2 y 3 de julio en protesta por las reformas legales en materia de Justicia que impulsa el Gobierno. En el escrito, al que ha tenido acceso EL PAÍS, el departamento que dirige Félix Bolaños le pregunta al Consejo si mantiene la postura que fijó en 2009, cuando el pleno, presidido entonces por Carlos Dívar, acordó que la ley no prevé el derecho de huelga de los jueces y magistrados y tuvo por no convocada la huelga que habían impulsado varias asociaciones y asambleas territoriales. La carta remitida por Justicia insta además al órgano de gobierno de los jueces a tomar medidas para garantizar que se descuenta la parte proporcional del sueldo a los jueces que secunden el paro. La presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, ha convocado para este jueves un pleno extraordinario para intentar aunar una postura.
La convocatoria de huelga ha partido de cinco asociaciones de jueces y fiscales (todas menos las progresistas) en protesta por las dos reformas vinculadas a la justicia anunciadas por el Gobierno: la que prevé cambios en la forma de acceso a ambas carreras y la que modifica el estatuto que regula a la Fiscalía para adaptarlo a la ley que dejará en manos de los fiscales la instrucción de las causas penales.
