El CGPJ desató la polémica al excluir a jueces y magistrados de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales
La salud laboral de los jueces y magistrados, que vienen denunciando falta de medios humanos y materiales para hacer bien su trabajo frente a una litigiosidad creciente, se ha convertido en objeto de polémica entre su órgano de gobierno y las asociaciones profesionales. En su último pleno, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó excluir a los togados de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, una decisión que todas las asociaciones ―tanto conservadoras como progresistas― han criticado porque aseguran que otorga al colectivo una protección “más débil”. El Tribunal Supremo ya fijó hace años que el CGPJ es el responsable en la materia pero su incumplimiento ha dado lugar a sucesivas condenas que le obligan al pago de indemnizaciones por más de 300.000 euros.
Fue el pasado miércoles, en un movimiento que pasó casi inadvertido, cuando el Consejo aprobó con un apoyo transversal ―8 vocales progresistas, los 10 conservadores y la presidenta del Consejo y del Supremo, Isabel Perelló―, y la única oposición de los vocales designados por Sumar, Carlos Hugo Preciado e Inés Herreros, una propuesta de reforma del actual Reglamento de la Carrera Judicial (vigente desde 2011) que dice que jueces y magistrados quedan al margen de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
