Llegó el momento de la batalla definitiva entre el Gobierno y el Tribunal Supremo alrededor del fusible más sensible, el del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Desde que el Ejecutivo puso en marcha la ley de amnistía, e incluso antes, con los indultos y los cambios del delito de sedición y malversación, el Gobierno y el Supremo han chocado muchas veces. La sala de lo Penal, dirigida por Manuel Marchena, al que algunos miembros del Gobierno consideran casi una especie de jefe de la oposición en la sombra, ha dado golpes muy duros al Ejecutivo. Pero ahora llega la hora de la verdad: la decisión de juzgar y en su caso condenar al fiscal general del Estado, algo que en el Ejecutivo ven “completamente imposible” porque, tal como queda claro según su visión en el auto del juez Hurtado, “no hay ninguna prueba” de que García fuera el autor de la filtración del correo en el que el abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso reconocía dos delitos y ofrecía un acuerdo.
El Gobierno ha decidido cerrar filas con el fiscal incluso el día de en que ha quedado a un paso del banquillo, pero además no está solo: la mayoría de los socios del Ejecutivo salieron también a apoyarles y algunos criticaron con dureza al juez que ha decidido procesarlo. Al contrario que en otras ocasiones, el Ejecutivo puede contar esta vez con el apoyo de toda la mayoría que lo respalda, incluido Podemos, últimamente muy crítico, porque todos coinciden con distintas palabras en rechazar el auto del juez. Antonio Maíllo, de IU, lo vio como un ataque al Gobierno de coalición, mientras Ione Belarra, de Podemos, insistía en que es la prueba de que en la justicia sigue mandando la derecha. El Gobierno tiene varias reformas judiciales en marcha y espera contar con el apoyo de todos sus socios. El PP y Vox, por el contrario, pidieron la dimisión del fiscal.
