El Gobierno mantiene su apoyo hasta el final sobre el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y da un salto más en su crítica al auto del juez del Supremo Ángel Hurtado. El Ejecutivo no llega a acusarlo de prevaricación, el delito más grave para los jueces —tomar una decisión injusta a sabiendas—, pero casi dice lo mismo con otras palabras para evitar plantear actuaciones delictivas de un magistrado y, políticamente, lanzar el mismo mensaje.
La portavoz, Pilar Alegría, ha sido directa en una respuesta muy preparada en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. “Es evidente que a estas alturas algunos jueces están haciendo cosas difíciles de entender”, ha dicho ante la primera pregunta sobre el auto del juez Hurtado. También le preguntaron si el Ejecutivo cree que el juez está tomando decisiones injustas a sabiendas, si está prevaricando. Y ella no rechazó el término, aunque se mantuvo en la frase que tenía preparada y medida. “Creo que con la expresión ‘difíciles de entender’ se explica bien. No hay ninguna prueba clara que señale al fiscal general como filtrador de nada. Varios periodistas explicaron que tenían esa información y no por el fiscal y no se han tenido en cuenta sus testimonios. La expresión es prudente, pero suficientemente explícita”, ha rematado, insinuando así la idea de la prevaricación pero sin mencionarla.
