La Abogacía del Estado considera que las conclusiones a las que ha llegado el magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado para proponer sentar en el banquillo a Álvaro García Ortiz son “patentemente erróneas” e incluyen imputaciones “infundadas o voluntaristas” que carecen “de toda base o fundamento”. Así lo expresa la defensa del fiscal general en el recurso que ha presentado contra la decisión del juez de dar por cerrada la instrucción de la causa abierta a García Ortiz por la supuesta filtración de un correo electrónico vinculado a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso y procesado por fraude fiscal.
García Ortiz, al igual que la Fiscalía y fiscal jefa provincial de Madrid, ha recurrido directamente ante la Sala de Apelación, formada por tres magistrados, y ha descartado impugnar el auto ante el propio Hurtado (en reforma), al considerar que no había ninguna posibilidad de éxito. En un escrito de 72 páginas, al que ha tenido acceso EL PAÍS, la Abogacía alega que los hechos que se atribuyen al jefe del ministerio público no son delito y que ya que cuando este recibió el correo electrónico que centra la investigación -enviado el 2 de febrero de 2024 por el abogado de la pareja de Ayuso al ministerio público- la información que recogía ya era conocida por varios periodistas, según han declarado ante el juez los redactores citados como testigo. Además, según la Abogacía, en el caso de que la difusión de ese correo fuera delictiva, no hay indicios suficientes para considerar que el autor de la filtración fue el fiscal general.
