La Abogacía del Estado trata de anular la condena a García Ortiz como paso previo para acudir al Tribunal Constitucional
El ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz ha solicitado al Tribunal Supremo que anule la sentencia que le condena a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos argumentando que supone un “secuestro y acallamiento” de su función de emitir comunicados o desmentidos cuando la institución se ve “gravemente atacada”. La Abogacía del Estado ha presentado un incidente de nulidad en el que reclama la suspensión de la ejecución de la sentencia, el último paso antes de acudir al Tribunal Constitucional para tratar de revocar la pena que también incluye una multa de 7.200 euros y el pago de una indemnización de 10.000 euros al empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, que fue quien le denunció.
En el escrito, al que ha tenido acceso EL PAÍS, la defensa de García Ortiz insiste en que la sentencia del Supremo supone “un secuestro y acallamiento” de la posibilidad que tiene la Fiscalía y su máximo dirigente de emitir “comunicados o desmentidos institucionales cuando la institución se ve gravemente atacada”. A su juicio ello, vacía de contenido la “función constitucional de información” del ministerio público y genera un efecto de “amedrantamiento evidente” en “los términos reiteradamente censurados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos” (TEDH).
