García Ortiz se incorpora a la Sección Social del alto tribunal después de su condena a inhabilitación como jefe de la Fiscalía
La Abogacía del Estado, en defensa del ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, va a solicitar en las próximas horas al Tribunal Supremo que anule la sentencia que le condenó a dos años de inhabilitación, a una multa de 7.200 euros y al pago de una indemnización de 10.000 euros al empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, por un delito de revelación de secretos tras la filtración de un correo del procedimiento relacionado con dos delitos fiscales en el que el empresario estaba inmerso. Es el último paso antes de acudir al Tribunal Constitucional, puesto que García Ortiz, quien se incorpora como fiscal a la sección Social del Supremo, considera que la condena ha vulnerado sus derechos más elementales.
La Abogacía del Estado registrará el incidente de nulidad antes de este martes 13 de enero, cuando se cumple la fecha límite para la impugnación y la intención es presentar también otro escrito en el que reclame la suspensión de la ejecución de la sentencia, según ha informado eldiario.es y ha confirmado EL PAÍS.
La Sala de lo Penal acordó por cinco votos a favor —Andrés Martínez Arrieta, Manuel Marchena, Antonio del Moral, Juan Ramón Berdugo y Carmen Lamela— y dos en contra —Susana Polo y Ana Ferrer— condenar a García Ortiz al considerar que un “fiscal general no puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito”. Para ellos, García Ortiz “con intervención directa, o a través de un tercero, pero con pleno conocimiento y aceptación” permitió que el programa Hora 25 de la Cadena SER difundiera el contenido de un email que el abogado del novio de Ayuso había remitido a la Fiscalía para llegar a un pacto de conformidad en el que se declaraba culpable de dos delitos fiscales.
