El procesamiento del fiscal general era un escenario que el Gobierno ya había contemplado, y la decisión estaba tomada al máximo nivel, esto es, por parte de Pedro Sánchez: el apoyo a Álvaro García, que ha sido inequívoco durante toda la crisis, va a continuar. Sánchez, según su entorno, considera que García “es inocente” y por eso piensa mantener el apoyo hasta el final. El presidente fue rotundo desde Mallorca, tras la audiencia veraniega con el rey Felipe VI. “Nosotros respaldamos la acción del fiscal general. Creemos en su inocencia. Cuenta con el aval del Gobierno de España”, dijo.
Sánchez evitó ninguna crítica directa a los jueces que han decidido procesarlo pese a esa inocencia que él defiende. El Gobierno quiere evitar el choque de trenes público con el Tribunal Supremo, pero en privado es muy evidente la indignación que trasladan distintos miembros del Ejecutivo después de la lectura del auto que avala el procesamiento de García. El Gobierno se coloca mucho más cerca de la posición expresada en su voto particular del que estaba llamado a ser el instructor, y que finalmente ha tenido que dar un paso atrás porque los otros dos jueces no estaban de acuerdo con su visión.
El Ejecutivo vive este golpe inédito, que en circunstancias normales habría supuesto la dimisión inmediata del fiscal general, como un paso más en un proceso que en privado distintos miembros del Gobierno califican de “despropósito”. La cuestión viene de lejos, y forma parte de los procesos que en La Moncloa han discutido abiertamente, como el que se sigue contra la esposa del presidente, Begoña Gómez, o su hermano. Sánchez y su equipo han vivido todos estos procesos, por cuestiones muy diferentes, como una ofensiva judicial injusta contra el Gobierno. Una visión completamente diferente a la que han tenido en el caso Cerdán, en el que en ningún momento han cuestionado las decisiones del juez, ni siquiera en privado.
