La condena del ya ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz es el último episodio de una larga batalla en la que se mezclan intereses políticos, rencillas personales y una gran reforma pendiente para blindar la independencia de la fiscalía
Ya hace tiempo que en los palacios del poder se sabe que la fiscal superior de Madrid no traga al fiscal general del Estado, así que esa mañana temprano, cuando Álvaro García Ortiz la llama por teléfono hasta seis veces seguidas y le envía un torrente de mensajes de texto, Almudena Lastra no le responde, sino que termina de arreglarse y a eso de las 8.30 sale de su domicilio y se dirige en coche al despacho. La noche anterior, cuando su jefe de prensa le advierte, muy nervioso, de que García Ortiz anda removiendo Roma con Santiago para tratar de desmentir una noticia falsa que ha puesto en circulación el diario El Mundo, Lastra le responde: “Tranquilo, Íñigo, apaga el teléfono y vete ...
a dormir”.
Hay quien en el párrafo anterior ve un acoso claro del fiscal general hacia una subordinada, y quien —por el contrario— aprecia una injustificable insubordinación, casi un sabotaje, de Almudena Lastra hacia su máximo superior jerárquico. El Tribunal Supremo, como todo el mundo sabe, ya ha dictado sentencia y ha considerado a García Ortiz culpable de filtrar unos correos electrónicos del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de tal manera que, por el momento, dejemos de lado el hecho puntual —muy grave, sin duda— y vayamos al fondo del asunto. Sobre las viejas maderas que crujen en los palacios del poder, se libra una guerra de fiscales que no es nueva, pero sí más descarnada que nunca.
