El paso dado este lunes por el magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado supone el fin de la instrucción abierta en octubre pasado contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por, presuntamente, facilitar a medios de comunicación un correo electrónico vinculado al empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), procesado por fraude fiscal. El juez ve indicios suficientes para atribuir al máximo representante de la Fiscalía, así como a la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, la filtración de información con datos sensibles del empresario, lo que conllevaría un presunto delito de revelación de secretos.
La causa, que ha implicado que por primera vez un fiscal general del Estado se vea envuelto en una investigación penal, se ha centrado en la filtración de un correo electrónico, con fecha del 2 de febrero de 2024, en el que la defensa de González Amador remitió a la Fiscalía ofreciendo un reconocimiento de delitos fiscales a cambio de cerrar un pacto de conformidad; así como en una nota de prensa, difundida el 14 de marzo de 2024, con la que el ministerio público desmintió el bulo que estaba lanzando el entorno de la presidenta madrileña de que la iniciativa de acuerdo había partido de la Fiscalía.
