A las 21.59 del 13 de marzo de 2024, la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, envió al fiscal general del Estado un correo electrónico que el abogado del empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, había mandado el 2 de febrero a la Fiscalía de Delitos Económicos. Una hora y media más tarde, la Cadena SER informó por primera vez de la existencia de ese email, en el que el abogado de González Amador admitía que su cliente había cometido dos delitos fiscales y proponía un pacto que le librara de la cárcel. A las 23.51, cinco minutos después de que Álvaro García Ortiz recibiera la cadena completa de mensajes intercambiados entre el abogado y la Fiscalía, la SER publicó en su web una información que recogía entrecomillados literales de ese correo. Periodistas de distintos medios —incluidos cuatro de este periódico— habían tenido noticia de que la pareja de Ayuso buscaba un acuerdo con el ministerio público a lo largo de esa tarde, como han declarado en el Tribunal Supremo.
Este relato de hechos y su secuencia temporal han servido para que el alto tribunal de luz verde a juzgar al jefe de la Fiscalía por un presunto delito de revelación de secretos. Será un juicio sin precedentes en democracia: el fiscal general, en el banquillo. La vista oral se celebrará, previsiblemente, en otoño. Y lo hará con una fractura visible y poco frecuente en la Sala de lo Penal. Andrés Palomo, uno de los tres magistrados que han analizado el recurso de García Ortiz contra la decisión del juez Ángel Hurtado de cerrar la instrucción tras concluir que hay indicios para atribuirle la filtración, ha emitido un voto particular demoledor con la tesis del instructor y los dos compañeros que le avalaron: “No existe un fundamento indiciario suficiente que posibilite racionalmente una condena”.
