El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. EFE/Chema Moya POOL
Rafael Martínez |
Madrid (EFE).- La filtración de la que se acusa al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de un correo sobre el presunto fraude fiscal de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha desembocado en un juicio cuya cronología está repleta de momentos sin precedentes en nuestra historia judicial.
Desde el 3 al 13 de noviembre, un fiscal general del Estado se sentará por primera vez en el banquillo de los acusados del Tribunal Supremo por presunta revelación de secretos por la que le piden entre 4 y 6 años de cárcel, con la oposición de la Fiscalía, que busca la absolución.
Y lo hará por un caso que comienza su andadura, sin saberlo, el 2 de febrero de 2024. Aquel día, el abogado Carlos Neira envía a la dirección genérica de la Fiscalía de Delitos Económicos y a un abogado del estado un correo en el que reconoce la comisión de «dos delitos» contra Hacienda por parte de Alberto González Amador, novio de Ayuso, y ofrece un pacto por el que se declara culpable.
