La vista comienza este lunes tras una polémica instrucción. EL PAÍS reconstruye un caso que tiene su origen en mayo de 2022, con una inspección de Hacienda a la pareja de Ayuso
Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, se sentará mañana en el banquillo de los acusados. En realidad lo hará en estrados junto a su abogado, pero igualmente como acusado. Será una imagen inédita, una excepcionalidad histórica. El Tribunal Supremo ha decidido llevar hasta sus últimas consecuencias una instrucción extraordinariamente controvertida en un proceso extremadamente polémico contra una de las más altas instituciones del Estado. El supuesto delito cometido: una revelación de secretos, la presunta filtración de un documento a los medios de comunicación.
García Ortiz será juzgado en la Sala Penal, una imponente estancia con las paredes forradas de seda roja de Damasco y estrados de madera de caoba traída de Cuba. Al fondo, un gran Cristo crucificado de Alonso Cano. Esta sala ha sido escenario de vistas muy mediáticas como la que en 1997 condenó a la Mesa Nacional de Herri Batasuna o, más recientemente, el juicio contra el diputado de Podemos Alberto Rodríguez, condenado por dar una patada a un policía durante una manifestación. Pero ninguna ha tenido la carga simbólica de este, el primer juicio de la democracia contra un fiscal general del Estado. Esta anomalía se va a percibir cada jornada en detalles como que el acusado llegará en coche oficial, con escolta y podrá entrar todos los días al tribunal por la puerta destinada a los magistrados y autoridades, o que durante el juicio vestirá su toga de fiscal general y se sentará junto a su defensa, ejercida por la Abogacía del Estado.
