El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado ha puesto al fiscal general del Estado al borde del banquillo. El juez que desde octubre ha instruido la causa abierta a Álvaro García Ortiz por un delito de revelación de secretos vinculado a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dictado auto de procedimiento abreviado, un paso que implica el cierre de la investigación y la convicción, por parte del instructor, de que existen indicios suficientes para juzgar al jefe del ministerio público. En el auto, Hurtado sostiene que cabe presumir que García Ortiz actuó “a raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno” y “aprovechando” la información publicada en El Mundo la noche del 13 de marzo de 2024, que daba la falsa versión de los hechos que estaba difundiendo el jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez.
El paso dado por el juez Hurtado lleva la causa contra García Ortiz a una nueva fase, que, previsiblemente, desembocará en un juicio que se celebrará en los próximos meses en el Tribunal Supremo. Será la primera vez que se siente en el banquillo al fiscal general del Estado, salvo que presente su dimisión antes de esa fecha. La presión, tras el auto dictado por el juez Hurtado, va a ser enorme. El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) prevé la suspensión de empleo y sueldo para los fiscales contra los se haya dictado auto de procesamiento (el equivalente al dictado por Hurtado), pero García Ortiz está fuera de la carrera mientras sea fiscal general (está en servicios especiales), por lo que, según fuentes fiscales, no se le aplica el Estatuto.
