Siete magistrados del alto tribunal tienen por delante dictar una de las sentencias más relevantes de la historia reciente, en un debate que se prevé “duro”
El juicio a Álvaro García Ortiz, el primero que se celebra contra un fiscal general del Estado, ha quedado esta semana visto para sentencia. Ahora será el tribunal el que tenga que adoptar una decisión y sostenerla en una resolución. Fuentes jurídicas apuntan que el debate será “duro”, como lo ha sido la vista, intensa e “incómoda” para casi todas las partes, con el acusado entrando cada mañana al Tribunal Supremo por la puerta reservada a magistrados y autoridades, y sentado en los estrados con la toga de su cargo, de la que solo se desprendió para declarar. Tampoco es frecuente que la Fiscalía se siente del lado de la defensa, ni dirija los interrogatorios a sumar razones para absolver al procesado (su superior jerárquico), ni que en la vista comparezcan una docena de periodistas (algunos conocidos para todo o parte del tribunal) que tienen un conocimiento directo de los hechos que se juzgan pero no pueden revelar su fuente.
Estas anomalías, sumadas al contexto de enorme polarización política que atraviesa el país, son una continuación de las que se evidenciaron a lo largo de la fase de instrucción, de la que no emanó ninguna prueba sólida que apuntara a que fue García Ortiz quien la noche del 13 de marzo de 2024 filtró a la Cadena SER un correo enviado a la Fiscalía por el abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso, en el que reconocía dos delitos fiscales y proponía un acuerdo que le evitara entrar en la cárcel. El juicio tampoco ha servido a las acusaciones para recabar una prueba de cargo ni ningún nuevo indicio, y el tribunal tendrá que decidir si los que sentaron al fiscal general en el banquillo, interpretados con los 40 testimonios que se han escuchado en la vista, son suficientes para condenarlo.
